El Tribunal Constitucional anula la independentista Ley de Consultas Populares de Cataluña

El Tribunal Constitucional anuló ayer parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada durante el gobierno del tripartito -PSC, ERC e ICV- en 2010, al considerar que cualquier norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nula. El Tribunal ya declaró inconstitucional la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento catalán en 2014, impulsada por la actual mayoría soberanista en la Cámara, con el objetivo de la convocatoria del referéndum de independencia. Ahora, anula también la ley de 2010 al aplicar los criterios establecidos en resoluciones anteriores.

El Tribunal determina que, con esa norma, Cataluña regulaba una modalidad de referéndum que no está previsto en la Constitución ni en la legislación estatal que regula este tipo de consultas. También añade que la competencia autonómica para su regulación solo podría ejercerse en el supuesto de que el legislador estatal, mediante ley orgánica, hubiese previsto el futuro del referéndum autonómico.

De este modo, el Tribunal Constitucional ha estimado de forma íntegra, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2010 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, señaló que son conformes con la Constitución las consultas populares, pero entendiendo que en ese término no se «comprende el referéndum».

El Ejecutivo socialista consideró que aquella primera ley catalana de consultas populares de 2010 vulneraba las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos. Según señaló entonces el Gobierno y ha avalado ahora el Constitucional, es el Estado el que tiene competencia exclusiva en la regulación y convocatoria de referendos y la competencia autonómica solo cabe sobre las consultas populares, como recoge el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero la ley catalana equiparaba la consulta popular al referéndum y establecía el régimen jurídico, el procedimiento, la aplicación y la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, por parte de la Generalitat o por los ayuntamientos de Cataluña, en el ámbito de sus respectivas competencias.

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