Comparecencias inútiles

Para dentro de unos días están previstas las comparecencias en el Congreso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al objeto de dar explicaciones sobre supuestas maniobras del Gobierno en el vendaval jurídico político producido a propósito la detención y encarcelamiento del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Bien es verdad que podríamos ahorrarnos tales personaciones. En primer lugar porque por muchas dudas que puedan disipar y por muchas aclaraciones que puedan hacer, incluso “hasta hartarse” como demanda el Hernando socialista, la oposición no va a quedar satisfecha, tal como ya ocurrió en la comparecencia de hace un par de meses del fiscal Maza o en la del secretario de Estado de Seguridad el viernes último.

Y en segundo término porque dichas explicaciones ya no hacen falta. Lo digo porque a tenor de lo consignado en la proposición no de ley presentada por PSOE y Ciudadanos, ambos ya tienen por más que seguro que un alto responsable del ministerio público “ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción”.

Es decir, que antes de escuchar ya tienen por indudable y consumado aquello por lo que preguntan. A su juicio, las instrucciones que vengan de arriba, por muy fundadas que puedan resultar, son de entrada perversas y equivocadas. Y ello les da pie para pedir la reprobación de a quien tienen enfilado: el fiscal anticorrupción, Manuel Moix. Mal lo recibieron y no pararán.
Que el Partido Socialista entre en este apriorístico juego no es de extrañar. Con Gestora y sin Gestora; con Díaz, con Sánchez o con el lucero del alba su propósito siempre ha sido el mismo: acosar hasta el extremo al Partido Popular. Se opone, por ejemplo, a los Presupuestos generales antes de haberlos leído. Cree que eso es hacer oposición. Va en su genética, como dice el Hernando popular.

Pero que Ciudadanos se sume a ello, habrá que enmarcarlo en la errática y contradictoria política que con el PP y el Gobierno viene desarrollando. Ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción, pero la pone en práctica sacando de quicio y de contexto lógico sus pretensiones.
Exigir para Murcia el fin de los aforamientos cuando es un tema que, para materializarlo a nivel nacional, ya tiene pactado en los célebres 150 puntos del acuerdo de investidura de Rajoy, que requiere una reforma del Estatuto de la región, así como un largo y complicado procedimiento posterior, y que habría que acompasarlo con una reconsideración de la acusación popular, parece una política llevada más por la obsesión y el ajuste político de cuentas que por la razón. Su primigenia imagen de socio del PP hace tiempo que pasó a mejor vida. Pero, claro, no queda más remedio que aguantarlo.

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