Provocación permanente

Si justicia y política tienen tiempos distintos, no menos cierto es que también son desiguales o diferentes las percepciones de una y otra. Lo hemos comprobado una vez más estos días a propósito de la consulta independentista del 9-N en Cataluña: la primera castiga con penas menores lo que para la segunda es un grave desafío al Estado de Derecho.

Si ya sobre Artur Mas y sus ex consejeras Rigau y Ortega recayeron hace un par de semanas unas penas que apenas castigaban y nada disuadían, la sentencia del miércoles pasado por los mismos hechos contra el ex consejero Francesc Homs ha desatado todavía más la euforia del soberanismo catalán. Si ya el primer envite le había resultado barato e incluso rentable, este segundo ha sido como de saldo, aunque cierto es que alguna circunstancia procesal ha sido distinta.

Había una ligera esperanza de que el Supremo pudiera reconsiderar los razonamientos jurídicos del Tribunal Superior de Cataluña cuando más adelante le tocara resolver los recursos del primer procedimiento. Pero visto el desenlace del caso Homs, que ya es doctrina propia, habrá que perder toda confianza.

El loco callejón sin salida en que se ha metido el nacionalismo gobernante algún día habrá de terminar. Pero de momento están enloquecidos. Desde que tras las elecciones de finales de 2012 decidieron emprender en corto y por derecho el camino de la independencia, no han buscado el diálogo, sino el combate. El cansino “procés” ha sido una provocación permanente. Y en esas siguen, dispuestos a crear –autocrear- una primera tanda de mártires en lo que quede del mismo.

Por ahora, van cuatro. Pero después de lo sucedido con la tramitación de los presupuestos autonómicos, el martirologio puede en buena medida incrementarse, con la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, a la cabeza, seguida por los componentes de la Mesa que apoyaron dar curso a los mismos.

Porque es que no hacen caso ni a sus propios servicios oficiales. Desde un par de instancias jurídicas les han advertido de la ilegalidad de una partida para financiar un referéndum que la Generalidad no tiene capacidad ni atribuciones para convocar. No podrán alegar, pues, que no estaban más que suficientemente avisados.

No sé si aquello que Pablo Iglesias, con su chabacano lenguaje, reprochó el otro día a Rajoy en el Congreso a propósito de los vetos presupuestarios del Gobierno, bien podría habérselo reservado el líder de Podemos para el independentismo catalán gobernante. Porque a éste, en verdad, sí que se la “porta fluxa”, etc. etc. todo lo que la ley y las decisiones judiciales puedan establecer al respecto.

Se repite estos días hasta la saciedad que la ofensiva judicial es insuficiente. Pero a la vista de tantas y tales conductas, ¿qué negociación política cabe iniciar?

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