La prensa nacional centra los editoriales en la condena de Artur Mas

EL PAÍS: SENTENCIA PONDERADA

 

Artur Mas y dos de sus exconsejeras han sido condenados «por desobedecer, no por poner las urnas, ni por cumplir ningún mandato democrático». «Contra las leyendas secesionistas, el TSJC no se ha demorado para esperar la sentencia del Supremo sobre el hoy diputado Francesc Homs, en igual convocatoria: ha ido rápido, cuatro semanas». Pero «más allá de lo estrictamente judicial, puede preverse que los efectos políticos de la resolución sean notorios. Por un lado, el recordatorio de que las leyes deben ser obedecidas -y los tribunales, acatados- no es ocioso en una sociedad como la catalana en la que algunos elogian la desobediencia. Por otro, al rechazar el delito de prevaricación (…) el tribunal revela una mayor ponderación de la que le atribuyen -a él y a todo el sistema judicial ‘del Estado’- los secesionistas». «El principal efecto será el de imposibilitar a Mas su presencia en la próxima convocatoria electoral catalana». Ello no quiebra su carrera política, que ya estaba «seriamente perjudicada» por los casos de corrupción, «aunque es susceptible de representar la puntilla». «Otra cosa es el efecto que pueda tener este episodio sobre el procés«. Aunque la mayoría de sus protagonistas reaccionó en «clave catastrofista», algunos «extremarán las precauciones, tras verificar que ‘el Estado’ no se resigna al chiché de tigre de papel que le atribuían». «Todo dependerá al cabo de si el Gobierno es capaz, en medio del desierto, de lanzar alguna iniciativa de calado».

EL MUNDO: UNA CONDENA TESTIMONIAL POR UN GRAVE DESAFÍO AL ESTADO

 

El TSJC «ha sentado un peligroso precedente con su sentencia». «Algo tan grave como la celebración de un referéndum de autodeterminación contraviniendo la legislación española y desobedeciendo flagrantemente al Tribunal Constitucional se ha saldado con reducidas penas» de inhabilitación. «Consideramos que se trata de una sentencia muy generosa con los acusados teniendo en cuenta la gravedad de los hechos probados en la sentencia». «La consecuencia inmediata de la sentencia es que Artur Mas no podrá presentarse a unas elecciones hasta pasados dos años». «Por tanto, si no hay adelanto electoral en Cataluña, podría optar ser elegido diputado autonómico en 2019. En la práctica, pues, es como si no hubiera sido condenado». «Saltarse la ley en algo tan trascendental como la soberanía nacional proponiendo el desmembramiento del Estado sale demasiado barato para sus promotores. Un muy mal precedente cuando la Generalitat quiere convocar una segunda consulta independentista».

ABC: CONDENA MERECIDA AL SEPARATISMO

 

«El proceso separatista en Cataluña ya tiene su primera sentencia de condena penal». «La decisión judicial vale más por lo que representa de cara al futuro que por el efecto punitivo en Mas y sus cooperadoras necesarias. Es el primer antecedente por responsabilidades derivadas del proceso separatista y avisa a futuros implicados en nuevos intentos secesionistas de que, como mínimo, se exponen a la misma responsabilidad penal». «El caminos e despeja para que el Estado de Derecho derrote el proceso separatista y el Gobierno se carga de razones para, llegado el caso, pedir al Senado la aplicación de medidas especiales de protección constitucional. Es decir, el artículo 155 de la Constitución».

LA VANGUARDIA: MÁS ALLÁ DE LA SENTENCIA

 

«Tomando como referencia la petición del fiscal podría hablarse de una sentencia comedida». «No creemos, sin embargo, que pueda hablarse de una condena benévola o benigna. La inhabilitación durante un periodo de dos años del presidente del principal partido de la coalición de gobierno en Catalunya, por una iniciativa que fue desautorizada por el Tribunal Constitucional, pero que a efectos prácticos fue permitida por el Gobierno español, no es una circunstancia menor en el actual momento político que vive el país. No lo es». «La situación en Catalunya es enormemente complicada y sólo tiene una salida: la negociación política». «Un nuevo encuadre de Europa va a salir del ciclo electoral en curso estos meses en diversos países de la Unión. Y con ese nuevo encuadre, esperamos que constructivo, la cuestión de Catalunya ha de poder salir del actual laberinto. No hay una mayoría social rotundamente rupturista, pero la amplia corriente de disenso no puede ser inhabilitada. La legalidad no puede ser violentada, pero el pacto político es más necesario que nunca. La salida del laberinto, que exige tiempo, paciencia y talento, debería comportar el reintegro de derechos a los políticos ahora condenados. El Gobierno tiene instrumentos para ello».

EL PERIÓDICO: MAS, RIGAU Y ORTEGA, CONDENADOS

 

Desde un punto de vista jurídico, cabe destacar que el tribunal no condena a Mas, Ortega y Rigau por prevaricación. «Puede argumentarse, pues, que este proceso irremediablemente manchado por la política (desde la intervención de la Fiscalía General del Estado hasta la tentación por parte del independentismo de elevar al altar del martirio político a los ya condenados) acaba, judicialmente, con una sentencia benévola». Políticamente, cabe «constatar una vez más que la doble espiral en la que se encuentra la política catalana (la judicialización por un lado y la unilateralidad fuera de la ley por otro) sólo sirven para retroalimentarse mutuamente y son estériles para hallar una salida a un conflicto que sólo se solucionará con el diálogo y la negociación política». La segunda conclusión es que Mas «es hoy un líder más débil». Por último, «si una consulta como el 9-N que, como se supo después, estuvo más o menos pactada con el Gobierno central, ha acabado en condenas, ¿qué sucedería con el referéndum unilateral al que se ha comprometido Carles Puigdemont si no logra uno pactado?».

LA RAZÓN: UNA CONDENA BENÉVOLA QUE APARTA A MAS

 

«Hay que reconocer la fuerte carga simbólica de las condenas». «Sin duda, la opinión pública percibirá como escasos los dos años de inhabilitación para ejercer cargo público al que ha sido sentenciado Mas», pero, en cualquier caso, «se trata de una demostración palpable de que en España la Justicia funciona para todos y de que las resoluciones judiciales están hechas para cumplirse». «Por otra parte, y aunque las reacciones del mundo separatista catalán a las condenas han sido las esperables, parece que comienza a abrirse camino entre la opinión pública española, incluida la catalana, el que la lógica de los acontecimientos no admite otra salida que el reproche penal para quienes tratan de conculcar las leyes. Sin forzar la mano políticamente, desde el estricto respeto a los derechos ciudadanos y con el único recurso a nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno de Mariano Rajoy está demostrando la fortaleza del Estado frente al desafío separatista».

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