El Greco y el Consejo general del Poder Judicial

En 2014, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, del que España es miembro fundador, hizo público un informe en el que, de nuevo, se alertaba sobre el crecimiento de la corrupción política en España.

En ese año se pedía la aprobación de un código de conducta parlamentaria, la mejora de la independencia efectiva del Consejo General del Poder Judicial, el establecimiento de criterios objetivos para la selección de los altos funcionarios judiciales y la revisión del método de designación del Fiscal General del Estado pues, señalaba por entonces el GRECO, era preocupante, y lo sigue siendo todavía, la percepción de falta de independencia de esta alta Autoridad del Estado.

Pues bien, tales recomendaciones realizadas por entonces para luchar contra la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, han caído en saco roto. Ni se ha despolitizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni se ha modificado el sistema de nombramiento de presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia ni del Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado sigue dependiendo del Poder Ejecutivo. Tampoco se ha atendido la indicación de aumentar los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios, todavía de seis meses.

El propio presidente del GRECO, Marin Mrcela, magistrado de la Corte Suprema de Croacia, que ha estado recientemente en España para una conferencia, señala que en cualquier país la existencia de consejos generales del poder judicial tiene por objeto salvaguardar de la mejor forma posible la independencia del poder judicial, tanto en la apariencia como en la práctica cotidiana. Por eso el GRECO ha señalado reiteradamente que el sistema español tiende a la politización. Mrcela recuerda que desde que se advirtió al Gobierno español de tal tendencia se han emprendido varias reformas para infundir una mayor transparencia en el funcionamiento del CGPJ y mejorar los perfiles de sus integrantes. Sin embargo, el propio presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa manifiesta que una encuesta realizada por el CGPJ entre jueces y magistrados españoles señala que el 75% de los encuestados considera que el Consejo no protege suficientemente el principio de independencia judicial.

Por si fuera poco, el Cuadro de indicadores de Justicia de la Unión Europea puso de relieve que la percepción pública de la independencia judicial en España está en la parte inferior de la media europea.

Estos datos, como es lógico, animan al GRECO a recomendar que el Gobierno realice una evaluación sobre cómo funciona el sistema judicial en la práctica y si ha tenido efectivamente efectos en la confianza del pueblo en la administración de Justicia y en la protección debida a jueces y magistrados en el ejercicio de la jurisdicción.

En los tiempos de reformas en que estamos, una fundamental y necesaria es, precisamente, la del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma a fondo del sistema de integración de los vocales que proyecte independencia y autonomía. Casi nada.

 

 

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo

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