Contra la lógica y el Derecho


Por mucho que lo determine una determinada norma, del rango que sea, constituye toda una anomalía lógica, jurídica e incluso constitucional el que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación haya de dimitir por el mero hecho de ser imputado por alguno de los muchos y variados delitos contra la Administración pública y la Constitución contemplados en el Código Penal.

Lo que sucede es que de un tiempo a esta parte a tal bola de nieve se le ha dejado crecer tanto que ha entrado en el escalafón de lo políticamente correcto. Pero al llevarse por delante el principio fundamental de la presunción de inocencia, se trata de un exceso que un sistema democrático no debería permitirse.

Es, no obstante, lo que establece el artículo 54 de la ley autonómica de Transparencia y Participación ciudadana de Murcia (diciembre 2014), que va mucho más allá de la ley básica del Estado (mismo mes del año anterior) que dice desarrollar y que la oposición ha invocado para exigir “ipso facto” la renuncia del presidente de aquella comunidad, Pedro Antonio Sánchez, investigado/imputado por el conocido como “caso Auditorio”; un asunto de cuando él era alcalde.

Y hasta tal punto es anómalo que una de las formaciones políticas que impulsó aquella norma regional –Ciudadanos- ha reconsiderado posiciones en la proposición contra la corrupción que también a iniciativa suya se tramita en el Congreso y que fija la inhabilitación o suspensión de un cargo público en algo que al menos parece más razonable aunque no lo sea del todo. En concreto: en el momento «desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento» y no en el momento de la imputación. Se asume así el criterio marcado por los dos grandes partidos para exigir responsabilidades políticas a sus cargos.

Visto lo visto, a Ciudadanos y a su patrón único Albert Rivera no le ha quedado más remedio que agarrarse al acuerdo suscrito en su día con el PP, donde el compromiso número 93 establece la “separación inmediata” de los imputados. Una cláusula que bien podría ser tachada de abusiva si llegara a algún Tribunal, pero cuyo cumplimiento se exige. Ya se sabe que el papel lo aguanta todo y que, con tal de salir del paso, los firmantes a veces se pillan los dedos más de lo debido.

El caso se ha enredado con la renovación en veintitantas Fiscalías, entre ellas la superior de Murcia y otras de más alto relieve. Se trata de unos relevos periódicos en la carrera, pero que, como viene siendo habitual cuando ella no los hace o no se hacen a su gusto, han sido calificados de “purga masiva” por la izquierda política y profesional. Nada nuevo.


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