El Tribunal Constitucional anula el plan del Parlamento para convocar un referéndum

El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer por unanimidad las dos resoluciones aprobadas por el Parlament el pasado 6 de octubre que abrían la vía a un referéndum de independencia en Cataluña. Asimismo, el Constitucional remitió a la Fiscalía General del Estado testimonios de particulares sobre la conducta seguida por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y por los otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara catalana que apoyaron la tramitación de las resoluciones. Se trata de tres miembros de Junts pel Sí, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, y el miembro de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep Nuet.

El Alto Tribunal ha decidido notificar personalmente la resolución, que aún está pendiente de ser redactada, a los miembros de la Mesa y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En la notificación se les advertirá de “abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución en los apartados anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que suponga ignorar o eludir la nulidad de estos apartados” y se les apercibirá de “las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento”.

La consejera de Presidencia, Neus Munté, dijo que la decisión del Constitucional “no altera en nada” la “voluntad inequívoca” del Govern de convocar el referéndum, voluntad que, dijo, viene “reforzada por una mayoría parlamentaria y una mayoría social”. Munté, que mostró su apoyo “incondicional” a Forcadell y los miembros de la Mesa, apuntó que “no es ninguna sorpresa” la decisión del Alto Tribunal ni la “celeridad extraordinaria” con la que se ha tomado. “Estamos dirimiendo cuestiones políticas que no deben ser objeto de persecución judicial”, añadió, y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de “radicalización” al negarse a “hablar” con la Generalitat o “limitar” ese diálogo para excluir al referéndum de los temas a tratar. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lamentó en Twitter que las medidas acordadas por el Constitucional “empequeñecen el debate democrático”.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lamentó que “el único diálogo” que les ofrecen es “con los tribunales”. “Pese a todo continuamos defendiendo la libertad y el derecho de iniciativa de los diputados”, reivindicó en Twitter.

El portavoz de Junts pel Sí, Roger Torrent, criticó la judicialización de la política e insistió en que se celebrará el referéndum. Bent Salella, de la CUP dijo: “El TC puede suspender la ley de la gravedad, pero las cosas seguirán cayendo al suelo”. Desde Ciudadanos, Fernando de Páramo señaló que la decisión del Constitucional demuestra que “en política no hay privilegios”. Eva Ganados, del PSC, consideró lógica la anulación porque el referéndum “se sale del marco legal”. Xavier García Albiol, del PPC, dijo que las “actitudes irresponsables al margen de la legalidad tienen que tener consecuencias”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, saludó que el Constitucional se dedique a “restaurar la legalidad” ante cada paso que da la Generalitat a favor del referéndum y dijo que su decisión demuestra que el “empecimiento” de algunos independentistas “no lleva a ningún sitio” y que es “tiempo de cambiar de dinámica”. Santamaría añadió que el Govern no es el “único interlocutor posible” y que Ejecutivo central se abre a “entenderse” con “todas las instituciones públicas y privadas” que quieran trabajar por la estabilidad, la moderación y la centralidad. En este sentido, LA RAZÓN destaca en sus titulares: “El Gobierno intensifica su agenda en Cataluña ante el desafío independentista”. En páginas interiores apunta que “Santamaría amplía los contactos a empresarios y sociedad civil”.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó al PP de utilizar la ley como un “amparo” para “no hacer política” en Cataluña, y consideró que el Gobierno “llega tarde” ante el desafío independentista.

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