El debate sobre la destrucción del Tribunal Constitucional

Un artículo publicado hace varios días por José Antonio Zarzalejos en El Confidencial sirvió para volver a hablar sobre el debate relativo a la existencia del Tribunal Constitucional y a su integración en el Tribunal Supremo como sala por la particular situación de la negociación que se ha estado desarrollando con la iniciativa del PP y del PSOE. La cuestión fue planteada en el año 2011 por Esperanza Aguirre y, desde entonces, han aparecido defensores de la idea, como los que lograron que Ciudadanos presentara la propuesta de medida como propia algunos años después.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1979 dice que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. El problema es que hay algo de la normativa que no encaja en la práctica, ya que muchas decisiones del Tribunal Constitucional han tenido un polémico vínculo político y muchas han tardado excesivamente en producirse.

La cuestión es controvertida. Puede considerarse que la idea de suprimir el Tribunal Constitucional es tentadora por el deficiente funcionamiento del órgano y por el espectacular intercambio de favores de los partidos políticos, pero es realmente arriesgada. Además, no parece sencillo que puedan existir verdaderos deseos para hacer cambios en la Constitución Española que afectarían a dos títulos, por diversas razones. Principalmente, hay que decir que no parece que los principales dirigentes quieran perder las facultades de control en la selección de magistrados del Tribunal Constitucional que, lamentablemente, han demostrado tener.

La supresión de un órgano como el Tribunal Constitucional no generaría grandes resultados, como indica Pablo José Castillo Ortiz, siendo posible que tenga más efectos negativos que positivos. Antes, habría que valorar otras posibilidades que pueden no gustar a muchos, como fiscalizar la actividad del Tribunal Constitucional o la elección de sus miembros, aunque parece que tampoco se llegarán a adoptar esas medidas.

Habría que hacer grandes cambios en el sistema jurídico. Sin embargo, todos deberían ir dirigidos a lograr efectivas mejores, debiendo evitarse cualquier idea que implique cambios inocuos.

Ya quedan lejos aquellos tiempos en los que, como señala Óscar Alzaga en una interesante obra, el consenso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional era amplio y alcanzaba el nombramiento de los mejores juristas desde la perspectiva técnica. Es una lástima.

 

Diego Fierro Domínguez es licenciado en Derecho y abogado de profesión

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