Notas y becas

Aunque el contenido del fallo ya fue adelantado hace unas semanas, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha hecho pública en su integridad la sentencia que desestima el recurso presentado por la Confederación española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) contra el decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecieron, entre otros extremos, los umbrales de renta y patrimonio familia, así como las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013/2014 con cargo a los presupuestos generales del Estado.

La controversia puede sonar a vieja y llueve además sobre mojado, pues el veredicto viene a abundar en la doctrina sobre otro recurso del mismo organismo o entidad, igualmente rechazado en su momento, aunque ahora el alto tribunal entre en ello con mayor carga argumental. Sin duda, los criterios sentados al respecto habrán de ser referencia obligada de cara a la más que probable polémica que en torno a la beca como derecho se suscitará en el pacto por la educación que anda cociéndose.

Días atrás, el portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, Manuel Cruz, manifestaba que su partido no pondría líneas rojas por delante al futuro magno consenso. Pero a renglón seguido se contradecía al asegurar que, para el PSOE, la recuperación de la beca como derecho era “necesaria e irrenunciable”. Esto es: la beca supeditada en exclusiva y sin más a las condiciones socioeconómicas de los potenciales beneficiarios.

Firmado por el ex ministro Wert, el decreto de 2013 levantó en su día una enorme polvareda política, en especial por los requisitos académicos o notas mínimas que se establecían para poder recibir del Ministerio de Educación la ayuda solicitada. En este sentido la sentencia del Supremo viene a recordar que vincular el sistema de becas también al expediente académico tiene una base legal más que evidente tanto en la LOGSE, como en la LOE y en la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Y lo que es más importante: reafirma el criterio de que el rendimiento académico se justifica como un instrumento de estímulo a la mejora de los estudiantes y como un medio para el fomento de la responsabilidad de los mismos, en el marco de unos recursos públicos siempre limitados y que reclaman la eficiencia en su asignación.

Controlada por la izquierda sindical y docente, la Ceapa recibe así un nuevo varapalo judicial. Y lo recibe hasta tal punto de que se le condena a pagar las costas del procedimiento, como corresponde cuando el recurso es desestimado en su integridad. No más, eso sí, de 3.000 euros más IVA. Todo ello, en definitiva, viene a poner de relieve la improcedencia de ruidosas campañas políticas –no pocas- que cuando llegan luego a los Tribunales no se sostienen ni con la ley ni con la razonabilidad en la mano.

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