Homs admite que garantizó a Mas la legalidad de mantener la consulta del 9-N

Homs sale del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El diputado del PDECat y exconseller de Presidencia Francesc Homs aseguró  en su declaración como testigo en el juicio por el 9-N, que fue él, como máximo responsable de los servicios de la Generalitat, quien garantizó al Govern que no era ilegal mantener la consulta tras su suspensión por el Tribunal Constitucional. “Les informé de que no estábamos cometiendo ninguna acción que pudiera ser castigada en el ámbito penal”, explicó. Homs precisó que no fue un “mero transmisor” del dictamen de los servicios jurídicos, sino que asumió plenamente su criterio.

Homs explicó que propuso presentar un recurso de súplica ante el Constitucional para aclarar el sentido de su resolución ya que, dijo, era “inconcreta”. “Nos situaba en la absurdidad de no hacer nada de nada y eso era imposible”, añadió. Según dijo, la resolución del Constitucional no tenía “un requerimiento con advertencia de las consecuencias” de no obedecer la orden, y señaló que tuvo conocimiento de la resolución el mismo día 4 pero que no le fue trasladada “personalmente”.

Dada la condición de encausado de Homs en otro proceso en el Supremo, el fiscal Emilio Sánchez Ulled anunció que no iba a interrogarle por ser “respetuoso con el derecho de defensa” del testigo. “¡Qué lástima!” respondió el exconseller. Fuera de la Sala Homs se dirigió al fiscal para reprocharle que no haya querido interrogarle, a lo que Sánchez Ulled contestó que igual que muchos testigos del 9-N han sido “ascendidos” tras la consulta, hiciera una llamada para que le ascendieran a él al Supremo y así poder interrogarle.

El Tribunal Supremo fijó ayer el día 27 el inicio del juicio contra Homs por delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta del 9-N. El expresidente Artur Mas será testigo y comparecerá el día 28.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, respondió a Homs que “lo que es legal y lo que no en un Estado de Derecho lo deciden los tribunales”, y advirtió de que en ningún caso corresponde a “los consejeros o los miembros de los gobiernos”.

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