El Gobierno pide respeto a la Justicia

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer que todo el mundo respete y colabore con la Justicia y afirmó que “cumplir la ley es la primera obligación de los gobernantes”, tras lo que subrayó que la vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos que afecten a sus gobernantes. Saénz de Santamaría respondió así al ser preguntada por el juicio contra Mas, Ortega y Rigau, en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La vicepresidenta, que mostró el máximo respeto del Gobierno a la Justicia, no hizo comentarios sobre la estrategia de defensa de los acusados, reiteró la oferta de diálogo a los dirigentes de Cataluña y dijo confiar en que termine imperando “el sentido común”. Del mismo modo, mantuvo la mano tendida para todo aquel que quiera colaborar, además de indicar que el Ejecutivo está “abierto” a hablar, partiendo de la premisa de que, para el Gobierno, el diálogo “no es una operación”, sino “una convicción”. Según Sáenz de Santamaría, la ley “es la primera obligación” de los gobernantes.

En otro momento, Santamaría insistió en la idea de que el Gobierno está dispuesto a dialogar y a colaborar, recalcando que el Ejecutivo “es de todos los españoles, también de los ciudadanos de Cataluña, donde, dijo, “tiene proyectos que va a seguir poniendo en marcha”. Asimismo, la vicepresidenta añadió que el Gobierno seguirá tratando de buscar “la máxima colaboración” con partidos como el PSOE y Ciudadanos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Comité de Dirección del PP celebrado ayer, dijo que “sin ley no hay democracia” y que “en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas”. También apuntó que “si todos hiciéramos lo mismo, no se podría vivir en este país”, según fuentes que cita principalmente LA RAZÓN.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que “si alguien incumple la ley, tendrá enfrente toda la fuerza del Estado de derecho”, pero pidió “no anticiparse” sino “confiar en el diálogo”, además de avanzar: “No llegaremos a un escenario de conflicto”.

Por su parte, el líder del PPC, Javier García Albiol, tachó de “cobarde” a Mas por negarse a responder a la Fiscalía.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, defendió que el juicio del 9-N demuestra el “fracaso” tanto de la Generalitat como del Gobierno a la hora dialogar sobre el futuro. El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, dio que “no es un buen día ni para España, ni para Cataluña, ni para la democracia por el espectáculo en torno al juzgado”.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afeó a Mas que se sienta “más cómodo” hablando sobre el 9-N que sobre las investigaciones del caso 3% sobre supuesta financiación ilegal de CDC, así como del juicio sobre el expolio del Palau de la Música, que empezará en marzo, y en el que CDC figura como responsable a título lucrativo. En el mismo sentido y en una entrevista que publica de forma destaca EL ECONOMISTA, Arrimadas señala: “No hay una estelada tan grande que tape la corrupción de CiU”. En otro momento de la misma, Arrimadas apunta que “no por llamarte Mas tienes el orden jurídico a tu servicio”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, mostró su preocupación por el “circo” que, en su opinión, se ha montado en Cataluña con el juicio a Mas por el 9-N. Cifuentes señaló que el debate en Cataluña es “uno de los problemas serios” que tiene España y que desde el PP tienen que buscar la manera de convencer “a esos españoles” descontentos con la política actual de la Generalitat.

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo abogó por combinar la “firmeza” a la hora de defender los principios constitucionales en Cataluña, con el “diálogo” con la Generalitat y las “señales de afecto” hacia la cultura y la lengua catalanas. Margallo consideró “extraordinariamente grave” la “rebelión en toda regla que plantea contra el Estado de serecho el Gobierno catalán, que “debería representar a todos”.

Por otra parte, las principales asociaciones de jueces y fiscales rechazaron ayer que se intente “intimidar” al tribunal, según recoge EL PAÍS, que señala que las asociaciones coincidieron que la concentración trataba de “presionar” o “intimidar” al tribunal. Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, dijo: “No es concebible en un Estado de derecho ningún tipo de manifestación intente influir de algún modo en el ejercicio de jurisdicción que lleva a cabo no cualquier tribunal”. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, pidió al CGPJ que dé “apoyo moral e institucional” a los jueces presionados.

Por otra parte, preguntado ayer sobre el juico del 9-N, el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, señaló: “No corresponde a la Comisión Europea pronunciarse sobre asuntos de organización interna que atañen a la organización constitucional de un Estado miembro y lo mismo vale para los procesos judiciales actualmente en marcha, según recoge LA VANGUARDIA.

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