Artur Mas se declara responsable político del 9-N pero niega haber desobedecido al Constitucional

 

El expresidente catalán Artur Mas se declaró ayer único responsable político “de todo” el 9-N, pero negó que desobedeciera al Tribunal Constitucional (TC) cuando mantuvo la consulta independentista. Mas alegó que la Generalitat dejó en manos de los voluntarios la organización de la consulta tras la prohibición, al tiempo que señaló que el alto tribunal nunca le advirtió de las consecuencias de desoírle.

Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau declararon ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la primera jornada del juicio que se sigue contra ellos por desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, pese a haber sido suspendida cinco días antes por el TC.

Los acusados entraron con casi media hora de retraso a la sala, mientras realizaban un recorrido desde el Palau de la Generalitat hasta las puertas del Palau de Justicia, donde fueron acompañados por unos 40.000 manifestantes convocados por las entidades soberanistas, según datos de la policía local de Barcelona que citan los periódicos, que detallan que Mas se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por dos sindicatos policiales y por Manos Limpias.

En respuesta a las preguntas de su abogado, el presidente reconoció ser “responsable político de todo” el 9-N, incluidas “directrices” que siguieron las dos exconsejeras encausadas, pero defendió que la consulta no fue un “capricho individual”, sino que obedecía a un mandato “democrático” del Parlament. Mas negó, sin embargo, cualquier ánimo de desobedecer” al TC. Para Mas, la suspensión del 9-N lo situó en la tesitura de escoger entre “obedecer el mandato parlamentario explícito” que le obligaba a mantener la votación o atender la resolución del Constitucional, que a su parecer era “imprecisa”.

En otro momento, Mas admitió que en cuanto el TC vetó la consulta independentista a raíz de un recurso del Gobierno el 20 de septiembre de 2014, la Generalitat cambió el “formato” de la votación, de forma que la administración catalana “ya no era directamente responsable” en su organización, sino que se limitaba a dar “apoyo” a los voluntarios que asumieron su ejecución.

Por su parte, la exvicepresidenta Joana Ortega, que también hizo hincapié en que “todo el proceso quedó en manos de los voluntarios”, reiteró su “respeto por la ley y respeto por la democracia, “, tras lo que añadió: “como creo que actuamos el 9-N”. Por su parte, la exconsejera Irene Rigau, señaló: “Hemos visto tanta sentencia del TC incumplida por el Gobierno central que no tuve conciencia de que desobedecía”. En otro momento, apuntó que “no hizo falta forzar a ningún director de instituto”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que acompañó a Mas hasta el Palau de Justicia junto a la mayoría de miembros del Govern, criticó la “judicialización ” de la política y proclamó que los encausados no comparecían “arrodillados, sino de pie”. También señalo: “Hoy muchos nos sentimos juzgados por una causa que nunca debió llegar a los tribunales”.

Por otro lado, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que “poner urnas no puede ser en un Estado democrático”, tras lo que añadió: “Yo también me acuso por el 9-N”.

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