Gasto sanitario

Supongo que quienes andan preocupados, y con razón, por un gasto sanitario que supone el 40 por ciento de los presupuestos autonómicos y que no tardará en llegar a la mitad de los mismos se habrán leído con interés el informe presentado hace unos días por la escuela de negocios Esade y la consultoría de salud Antares.

A su entender, si se mantiene la dinámica actual y no se introducen correcciones, dentro de ocho/diez años el gasto sanitario público rondará los 113.000 millones de euros; es decir, prácticamente el doble del registrado en 2015 , que fue de 64.883 millones. No obstante, si se acometen las reformas que contemplan determinados modelos de previsión, el gasto podría resituarse en los 97.000 millones, lo que supone, según los expertos, que en la próxima década el sistema sanitario español necesitaría incrementar el desembolso con respecto al actual entre 30.000 millones de euros en el escenario más favorable y 50.000 millones en el menos óptimo.
No es, con todo, un problema sólo nuestro. La esperanza de vida en los países desarrollados crece a un ritmo de tres meses por año, a lo que han contribuido de forma importante, aunque no exclusiva, los sistemas sanitarios. En España, por ejemplo, hemos pasado de los 49,9 años de 1930 a los 73,2 de 1975 y a los 82,8 de 2013 como esperanza de vida. Un éxito que ha tenido un coste significativo y que preocupa a Gobiernos y responsables de los sistemas de salud.

Varias preguntas resultan inevitables. Una: ¿podremos, aquí, afrontar la factura del nuevo escenario? Dos: ¿sabemos lo que hay que hacer para abordarlo? Contemplado desde óptica financiera, se está imponiendo la visión de que no podrá ser asumida. Sin embargo, la respuesta al segundo interrogante parece más esperanzadora.

Realmente, en los últimos años se han multiplicado los estudios sobre los cambios y/o reformas a introducir. Desde el informe Abril-Martorell (mediados de 1991) hasta ahora lo cierto es que nos encontramos en una situación de sobrediagnóstico. El sistema está más que radiografiado. Y entre tal acopio de material existe un mínimo común denominador de medidas a adoptar que supone una sólida base para iniciar dichos cambios. Entonces, ¿por qué no se hace?

Según sostienen los autores del informe, afrontar este escenario requiere un clima de discusión sosegado y abierto que permita entrar a fondo en aspectos ciertamente complejos y que no permiten respuestas sencillas. Y esto requiere una gran responsabilidad de los actores involucrados (profesionales sanitarios, gestores, políticos, agentes sociales y sociedad) para analizar la situación y transmitir los mensajes de forma clara y sin caer en desatinadas simplificaciones, a menudo más ideológicas que técnicas, que acaban por no abordar los problemas reales y por no aportar las soluciones requeridas.

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