El Tribunal Supremo abre juicio a Homs por desobiencia y prevaricación

FRancesc Homs_conseller catalán

El Tribunal Supremo abrió ayer juicio oral al exconseller de la Generalitat Francesc Homs en relación con la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Homs será juzgado por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave cometida al entender que propulsó la consulta pese a ser “plenamente consciente” de que el Tribunal Constitucional la había suspendido. El auto del magistrado de la Sala de lo Penal Andrés Palomo recoge los hechos incluidos por la fiscalía del Supremo en el escrito de acusación que presentó el 11 de enero y que considera “crucial” el papel de Homs en la organización de la consulta. El juez expone que Homs “potenció” su desarrollo tras haber conocido su suspensión y precisa que lo hizo “con la conveniente discreción para tratar de generar la apariencia de que las actuaciones administrativas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios”.

Según el juez, el exconsejero “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”, y puso los servicios jurídicos de su departamento “a disposición” del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información “ante una eventual suspensión”. “La concatenación de omisiones y acciones del acusado y la secuencia de actos que de las mismas derivaron, formalizados o no por parte de los funcionarios de su Departamento, determinaron la total ineficacia de la orden de suspensión”, argumenta.

Francesc Homs puso en duda la “imparcialidad” del Supremo y advirtió de que por la vía de la “judicialización” el Estado no logrará “intimidad” a los catalanes que quieren el referéndum. “Cuanto más fuerte sea la represión, más grande será la respuesta”, advirtió. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respaldó a Homs y en su cuenta de Twitter escribió que el 9-N fue de una potencia democrática “que nadie podrá inhabilitar”. La portavoz del Govern, Neus Munté, dijo que Cataluña pide “diálogo y avanzar hacia el referéndum” y la respuesta del Estado es “la represión, persecución y amenaza”.

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