Pensiones de jubilación y la economía sumergida

Es cierto que, actualmente, la configuración del sistema de pensiones y su mal sostenimiento por la falta de contribuciones a la Seguridad Social son asuntos que preocupan a la ciudadanía. No es extraño este hecho, ya que estos problemas implican la puesta en peligro de su futuro tras dejar el mundo laboral y acceder a la jubilación.

Se está tendiendo en los últimos años a realizar reformas legislativas que están sirviendo para aumentar la edad de jubilación o para incrementar los años de cotización, sin restringir los perjuicios de algunas personas, que tienen privilegios en el régimen de la Seguridad Social. Se argumenta, con cierta razón, que las personas cada vez viven más tiempo y que, por eso, cobran las pensiones de jubilación durante más tiempo por las mejoras en las condiciones vitales y en los tratamientos médicos.

Provocar que exista un mal sistema de jubilaciones, haciendo que la edad para acceder a ella sea muy alta, que haya profesiones relacionadas con la política tengan ventajas, que las pensiones tengan una cuantía reducida o que los años para cotizar sean excesivos, sirve para fomentar la economía sumergida, ya que la ciudadanía puede considerar que no es posible justificar que deje de ganar cantidades de dinero si, cuando se jubile, no va a cobrar una retribución del Estado por todo lo que se ha aportado hasta el final de su vida laboral. Con ello, también se promueve la falta de solidaridad social, que perjudica al conjunto de las personas que viven en España.

La economía sumergida tiene diferentes efectos, como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y la disminución de los ingresos tributarios, que constituyen factores que repercuten negativamente en los recursos públicos disponibles. Este hecho produce que no se puedan prestar muchos servicios públicos y que muchas personas estén desatendidas, de modo que se terminan realizando recortes que atentan directamente contra lo que puede conocerse como la Justicia social.

Hay que procurar que se pueda motivar correctamente a los ciudadanos, mostrando que las contribuciones que realizan son útiles y que implicarán beneficios para su futuro, con el objetivo de que no eviten realizar aportaciones patrimoniales de carácter social y tributario. Si no se lograra, el sistema terminaría sufriendo un colapso, con el que no habría recursos para financiar ninguna actividad pública de carácter social.

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