Tiempo de congresos

Si los presupuestos generales del Estado no se encasquillan en el Parlamento y Mariano Rajoy no se ve abocado a convocar elecciones en primavera, este 2017 que ha comenzado no será año electoral. Después de un 2015 con tres grandes convocatorias a las urnas y un 2016 condicionado por la interinidad, las investiduras fallidas y la repetición electoral, el año en curso puede ser un tiempo para que los partidos políticos se tomen un tiempo para pensar en sí mismos sin el condicionamiento ni las urgencias de unos comicios a la vuelta de la esquina. No significa, sin embargo, que hayamos entrado en una etapa de estabilidad porque todo está aún muy cogido con alfileres.

A corto plazo tenemos por delante tres importantes congresos: dos, dentro de un mes, a mediados de febrero (PP y Podemos), y otro, el del Partido Socialista, ya en plena primavera. A la vista del descarnado enfrentamiento interno existente en Podemos entre pablistas, errejonistas y anticapitalistas, y de las incógnitas que pueda deparar la pugna por la secretaría general del PSOE, el cónclave del Partido Popular se presenta como el más plácido. Un cónclave –se ha dicho- a medida de Mariano Rajoy, cuya autoridad nadie discute, salvo quienes antes o después terminen por refugiarse a la sombra de Faes y de José María Aznar.

Hasta las 20.00 horas del lunes 16 compromisarios y organizaciones territoriales tienen tiempo para presentar enmiendas a las cinco ponencias presentadas. En estos compases previos al debate, el tema de las primarias y de cómo han de celebrarse está motivando los primeros cruces de espadas. Pero sin más sangre de la debida. Al tiempo, la ponencia social está pasando desapercibida porque el texto base ha evitado las cuestiones bioéticas más polémicas, muy en línea con la indefinición en que el partido se ha sumido.

En materia de enseñanza, además del dichoso pacto nacional en ciernes, llaman la atención dos propuestas bien vistas, pero un tanto utópicas o, si se prefiere, difíciles de materializar. Por una parte, acabar con las diferencias que existen entre las diversas comunidades autónomas para lograr un sistema que garantice la igualdad de oportunidades. Y por otra, equiparar a la baja el coste de las tasas universitarias, a fin de que los estudiantes paguen precios homogéneos independientemente del lugar donde estudien.

Y digo que será complicado o imposible llevarlas a la práctica porque mientras las competencias estén en manos de los Gobiernos regionales, desde instancias superiores poco o nada se podrá hacer en uno u otro sentido. Más aún: la reciente política educativa en nuestro país ha ido en la dirección contraria: en la de dejar a las Administraciones territoriales diseñar sus propios sistemas. Y a estas alturas reconsideraciones no caben.

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