La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para Homs

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El fiscal envió ayer al Supremo el escrito de acusación en el que pide al Alto Tribunal que abra juicio oral contra el exconsejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs y le inhabilite para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar en relación con la consulta del 9-N. Según el fiscal, que identificó dos delitos: prevaricación y desobediencia, Homs desoyó de manera grave y consciente al Tribunal Constitucional.

Los diarios recuerdan que el juez instructor de la causa seguida en el Supremo contra Homs preguntó el pasado mes de diciembre al fiscal si solicitaba la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de las actuaciones. El fiscal ha respondido ahora pidiendo que se juzgue a Homs y, en caso de resultar probados los mencionados delitos de prevaricación y desobediencia, conllevaría una condena de inhabilitación.

El escrito de conclusiones provisionales del fiscal apunta concretamente un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y otro de desobediencia grave cometido por una autoridad pública del artículo 401 del Código Penal. Para ambos, considerados conjuntamente, solicita nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos colectivos.

El fiscal incide en que “el acusado Francesc Homs era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional. En su escrito, el fiscal se centra en diferentes hechos, pero muy especialmente en el intercambio de documentación entre el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y la empresa T-Systems, encargada del dispositivo informático del 9-N.

El Supremo pidió al Congreso el suplicatorio para inculpar a Homs por los dos delitos citados, excluyendo el de malversación, que también contemplaba originalmente el fiscal y que era el único que conllevaba pena de presión. Por ese motivo, dicho delito ha quedado excluido también ahora del escrito del Ministerio Público.

Por su parte, Francesc Homs en rueda de prensa en la sede del PDECat en Barcelona, acompañado de la coordinadora general del partido, Marta Pascual, habló de una “nueva entrega por fascículos de esta voraz actividad judicial del Estado”, e ironizó sobre la actuación de la Fiscalía, de la que dijo que “actúa con una gran independencia del Gobierno”. “El Estado me quiere inhabilitar. Pero no me iré. No lo pienso hacer”, dijo.

En su intervención, Homs admitió que le “daría asco” formar parte de un sistema en el que a “un político que ha contribuido a poner unas urnas le quieren inhabilitar penalmente y, en cambio, otro que ha manipulado a la fiscalía y a la policía le dan un cargo, en alusión al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Homs, desde Twitter, acusó al Estado de mostrar “cada día menos cultura democrática”.

También desde Twitter, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, expresó “todo” su apoyo a Francesc Homs”, y añadió que “poner las urnas no puede ser nunca un delito”. “El futuro de Cataluña lo decidiremos nosotros, no un tribunal”, concluyó. El presidente catalán, Carles Puigdemont, consideró que el Estado está “inhabilitado democráticamente” por el proceso contra Homs.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tendrán que declarar como testigos en el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la convocatoria del 9-N. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien ha considerado que son “absolutamente ajenos a la causa”. La comparecencia de Rajoy y Catalá fue solicitada por los abogados de los tres acusados, debido a las declaraciones públicas que realizaron sobre la consulta.

Por otra parte, los periódicos coinciden en recoger que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se abrió ayer a la posibilidad de apoyar un referéndum no acordado con el Estado siempre que el mismo sea efectivo. En declaraciones a TV3, Colau señaló, en cualquier caso, que “hasta que no haya una propuesta sobre la mesa” no podrá valorarla y posicionarse.

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