Urbanismo y corrupción

El informe sobre la corrupción en Europa elaborado por la Comisión de la UE en marzo de 2014 a través de la comisaría de Justicia e Interior, reflejaba que en España la corrupción se fragua en el proceloso mundo de la licitación pública, de la financiación de los partidos políticos y, sobre todo, en la gestión local y autonómica del urbanismo. No hay más que acercarse a la multitud de procesos penales y administrativos que sufren tantos y tantos cargos públicos para alcanzar esta evidente conclusión.
En este sentido, este reciente informe de la Unión Europea llamaba la atención sobre los 1.754 procesos judiciales relacionados con actos judiciales provocados por ilícitos urbanísticos. Una materia en la que la arbitrariedad ha irrumpido con especial virulencia a la busca y captura de toda suerte de recalificaciones, alteraciones o modificación de planes urbanísticos, con sus consiguientes pingües beneficios para promotores, empresarios y cargos políticos.

Años atrás, 2007, un informe de Transparencia Internacional sobre corrupción ya alertaba sobre los problemas de una deficiente e impune gestión del urbanismo en la que ya aparecían involucrados, en determinados lugares del territorio nacional, alcaldes, concejales, constructores y promotores fundamentalmente. El crecimiento de la percepción de la corrupción suele ir acompañado también del aumento de la desconfianza de la población ante la actividad política y sus principales agentes: los políticos.

En mayo del año 2015, la Unión Europea daba a conocer una serie de Recomendaciones en relación con la reforma administrativa en curso en nuestro país y vuelve a recordar que no se han tomado medidas para reforzar los controles y las facultades de supervisión en materia urbanística.

Una de las razones por las que la corrupción urbanística se ha instalado entre nosotros se debe a la deficiente regulación existente en materia de financiación de partidos políticos. Otra, quizás las más frecuente y directamente relacionada con la financiación de las formaciones partidarias, reside en la facilidad con la que se es posible modificar planes urbanísticos, recalificar terrenos o modificar la calificación del uso del suelo. En estos casos, se debería limitar extraordinariamente tal posibilidad para evitar que se generen expectativas desproporcionadas en relación con el valor de los terrenos.
Hace unos meses, el Foro Económico Mundial de Davos también abordó este espinoso problema y advertía en su página web, a través de un artículo de Petter Matthews, que entre el 10 y el 30 por ciento de los 15 billones de euros que moverá este sector en los próximos quince años se perderán por culpa de la corrupción. Si las empresas y los contratistas no trabajan desde los esquemas de los compromisos de compliance y los funcionarios no asumen íntegramente los valores del servicio objetivo al interés general, por más y más normas que dictemos o promulguemos, poco o muy poco se podrá hacer. Ahí están los resultados.

Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo

 

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