Una sentencia sobre gastos contractuales con éxito tardío


Las actividades bancarias han sido realizadas de un modo abusivo en numerosas ocasiones. Puede pensarse en las cláusulas suelo, pero también en las participaciones preferentes o en las acciones de Bankia. Además, hay que empezar a pensar en otros posibles elementos de conflicto con las entidades bancarias.

Los gastos por la celebración de los contratos de préstamo bancario con garantía hipotecaria se pueden convertir en un nuevo problema para los bancos, que podrían sufrir otra ola de procesos civiles para reclamar la declaración de nulidad de las cláusulas de imposición de gastos contractuales que se ha estado realizando mediante condiciones generales. El principal arma jurídica es el conjunto de fundamentos jurídicos de una sentencia del Tribunal Supremo que se dictó hace un año y que ha comenzado a tener importancia durante las últimas semanas.

La citada resolución es la Sentencia del Tribunal Supremo 750/2015 establece que las cláusulas que imponen los gastos del contrato de préstamos hipotecario son abusivas. Por eso, son nulas si se sigue el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, debiendo entenderse como si no hubieran existido, de modo que se deberá proceder con la restitución de lo indebidamente cobrado por la entidad bancarias conforme al artículo 1303 del Código Civil.

Los encargados de gestionar las entidades bancarias no han terminado de aprender que la avaricia puede romper el saco cuando se emplean cláusulas que pueden ser abusivas según la normativa aplicable. Los procesos civiles por las condiciones indicadas podrían generar más costes para los bancos, que podrían llegar a ser sufridas por loa ciudadanos en el futuro.

Hay que frenar los abusos bancarios. La solución consistiría en lograr la retirada de apoyos de las instituciones públicas a las entidades bancarias y en conseguir la aplicación más estricta de la legislación aplicable, con la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas y la correspondiente restitución total de las prestaciones.

Si los poderes públicos no actúan para ayudar a los ciudadanos, seguirán existiendo conductas indebidas en los bancos. Lo curioso es que, sin entenderlo, los gestores de las entidades bancarias pueden estar perjudicándose a ellos mismos si continúan con sus actividades jurídicamente cuestionables.

 

 

Diego Fierro Domínguez es abogado de profesión, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar