El sorpasso de la deuda

El sorpasso es, como se sabe,  un término económico que expresa el adelantamiento de un país respecto de otro en términos de PIB. No lo recoge el Diccionario de la Real Academia. Pero en tal sentido se empezó a utilizar en 1987 cuando el producto interior bruto de Italia superó al del Reino Unido.

También en política tiene, por analogía, su aplicación. Fue Julio Anguita quien introdujo y popularizó la palabreja para referirse al pretendido desplazamiento del PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda. Ahora de nuevo volvemos a manejarla con la vista puesta en las elecciones de dentro de unas semanas.

Días atrás hemos conocido la superación de otra barrera de referencia: la deuda pública por encima del cien por cien del PIB. Y quizás porque casi todo el mundo se pierde en esas astronómicas cifras (1.095 billones de euros) o porque ha sido el ex presidente Aznar quien con mayor énfasis ha puesto el dedo en la llaga, lo cierto es que lo que se veía venir con temor y como una pésima noticia económica, se ha desinflado política y mediáticamente en muy poco tiempo.

En ciertos ambientes, endeudarse a tales niveles significa ya más una barrera psicológica que otra cosa, porque la deuda pública en sí misma no es mala,  sino que todo depende de en qué se haya invertido o gastado, y en la propia UE hay otros seis países más hipotecados que el nuestro.

Pero sí es muy mala noticia. Por primera vez desde el año 1909,  la deuda de las Administraciones públicas ya supera el tamaño de la economía española. Ello implica un aumento de 65 puntos porcentuales desde el inicio de la crisis. En este sentido, subrayan los expertos que  lo grave de la deuda pública del país no es tanto el alto nivel alcanzado, que también,  cuanto la enorme rapidez con que ha crecido. Si en 2007, justo antes de empezar la gran crisis, suponía el 37 por ciento del PIB, en 2012 ya era del 85  y ahora andamos en el 101,3 por ciento.

Un endeudamiento de las Administraciones públicas tan abultado como el actual,  equivalente a 24.000 euros por persona ó 60.000 por trabajador, es una insostenible fábrica de intereses que resta margen de maniobra para financiar otros gastos más productivos o más necesarios. Y como bien se sabe, hoy por hoy los pagos por intereses de deuda pública y pensiones suponen las partidas más fuertes de los presupuestos generales del Estado.

Con las cifras actuales y dando por observado, que es mucho dar,  el ajuste del déficit pactado con Bruselas, el ajuste del stock de deuda pública se diferiría hasta más allá de 2030. Como para andarse con paños calientes.

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