Financiación autonómica

 

No son buenos tiempos para acometer una apremiante reforma que el Gobierno en funciones deja sobre la mesa para la próxima legislatura

Convocados por la Fundación Olof Palme y la Fundación de estudios de economía aplicada (Fedea) se reunieron hace unas semanas en S´Agaró un grupo de economistas expertos en Hacienda autonómica y representantes de los principales partidos políticos para explorar hasta qué punto es posible ir forjando un consenso sobre las líneas maestras que habría de seguir la que se considera necesaria reforma del actual sistema de financiación regional.

Se trata de una reforma que ya tendría que haber sido abordada hace un par de años. Pero el largo y áspero debate que suscitaría estando como estaban unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el tenso clima político que se vivía en Cataluña y, sobre todo, la delicada situación de unas finanzas públicas zarandeadas por la crisis, movieron al Gobierno central a dejar el tema sobre la mesa. Las comunidades se contentaron entonces con unos adelantos de más dineros a cuenta.

Pero la reforma sigue siendo apremiante. Y no sólo para satisfacer las justas demandas de las comunidades que salieron malparadas con el sistema que impuso en 2009 el zapaterismo gobernante y que sigue vigente, sino sobre todo para asegurar para el conjunto la adecuada financiación de los servicios públicos básicos trasferidos, que no son pocos ni menores. La crisis ha terminado por romper las costuras del sistema. Pero mal se va a poder luchar contra el déficit si las Administraciones territoriales –principales artífices del mismo- no cuentan con medios económicos suficientes. Y peor aún se va a poder pedir responsabilidades.

A juicio de los reunidos en S´Agaró, el sistema actual es complicado y poco transparente; genera una distribución de la financiación por habitante ajustado -o por unidad de necesidad- desigual en exceso y aparentemente arbitraria; presenta un déficit de autonomía y corresponsabilidad fiscal, y carece de un mecanismo razonable para asegurar que se mantiene un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre Administraciones.
Lógicamente este consenso en el diagnóstico se trasladó a algunas de las grandes líneas que deberían orientar la reforma, aunque afloraron serios desacuerdos sobre la mejor forma de alcanzar determinados objetivos y sobre otras cuestiones importantes. Y entre estas últimas sobresalió el criterio de equidad que debería aplicarse en el reparto de recursos entre las regiones y que tiene que ver con el grado deseable o factible de nivelación.

Vieja y disputada controversia ésta, que seguramente constituirá el núcleo de la futura negociación. Es lo que se conoce como principio de ordinalidad y que Cataluña, por ejemplo, exige a punta de lanza. Se trataría de que las diferencias que pudieran persistir tras la aplicación del reparto de recursos por habitante ajustado no alteren en demasía la desigualdad de origen. Es decir, solidaridad, sí, pero dentro de un orden.

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