Las pensiones públicas

Estos días la cuestión de las pensiones vuelve al candelero. Por un lado porque el gobernador del Banco de España, en un ejercicio de responsabilidad, reconoce la realidad y afirma que en unos años las pensiones no tendrán la cuantía que muchas personas esperan. Por otro, la negativa del Gobierno heleno a bajar todavía más las pensiones de los griegos sacude la política europea y no sabemos si el proyecto del euro, dominado por la lógica financiera, deberá replantearse

La pensión de jubilación es un derecho humano componente del derecho fundamental de la persona a la protección social. Un derecho que el Estado debe proteger, respetar y, si es posible, mejorar con el paso del tiempo. Un trabajador a lo largo de su vida activa debe entregar de forma obligatoria unas sumas de dinero a la Seguridad Social a cambio de que el día que se jubile disponga de una pensión razonable, justa y equitativa, proporcional a las cantidades aportadas a lo largo de su itinerario profesional.

Con el fin de garantizar ese derecho, España dispone, desde el año 2000, gracias al gobierno del presidente Aznar, de un fondo de reserva que obviamente debe ser gestionado para tal fin. En 2011, momento más álgido, había 66.816 millones de euros, y en 2014 quedaban 41.634 millones. Es decir el Gobierno se ha gastado en tres años el 37% de la denominada hucha de las pensiones, nada menos que 34.000 millones de euros. En 2012 se gastaron 7.003 millones, en 2013 11.648 millones y en 2014 la Seguridad Social retiró 15.500 millones más. Y, por lo que sabemos de los datos oficiales, el Gobierno retiró de la hucha de las pensiones 13.500 millones en 2015. Es decir, en cuatro años, este fondo se ha reducido a la mitad: de 66.816 millones que había en 2011 hemos pasado a los 32.481 que había a fines de 2015.

El Gobierno, que es quien ha tomado estas decisiones, entiende que puede hacerlo porque la ley lo permite cuando exista déficit estructural en las cuentas de la Seguridad Social para hacer frente a las pagas extra de los jubilados y a la mínima revalorización de las pensiones. Sin embargo, parece que el límite máximo de retirada de fondos por año estaba en 3.000 millones de euros y que tal previsión ha sido suprimida por las autoridades gubernamentales entre 2012 y 2016.

Las expectativas de que el fondo recupere su dotación de 2011 se encuentran en que el desempleo se reduzca de forma sobresaliente y en que las inversiones con cargo al montante del fondo sean positivas. Tales estimaciones son posibilidades no hechos reales. Hechos reales son las jubilaciones de la generación del llamado “baby boom”, que a partir que en la segunda década de este siglo querrán recibir sus ansiadas pensiones y entonces veremos cómo y de qué manera se podrá atender a su derecho constitucional.

La realidad es la que es y lo posible es lo posible. No por ser lo posible deseable se convierte en real. Al menos en la real realidad. Por eso, ¿qué pasaría si esta generación de los sesenta del siglo pasado empieza a jubilarse anticipadamente? ¿Quién, y con qué argumentos, dará la cara para explicar a esos millones de españoles lisa y llanamente por qué el derecho a la pensión sufrirá desagradables modulaciones en el mejor de los casos?

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