El juez procesa a Chaves y Griñan por el fraude de los ERE

Cháves_Griñán_PROVISIONALEl juez Álvaro Martín, encargado de la instrucción del caso de los ERE de la Junta de Andalucía, cerró ayer la investigación con el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación. En total hay 24 procesados, entre ellos seis exconsejeros andaluces. Chaves podría ser inhabilitado para ejercer cargo público y Griñán, acusado también de malversación continuada, podría enfrentarse a penas de entre 4 y 8 años de prisión.

El juez detalla en su auto el «procedimiento específico» aplicado en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011 que tenía por objeto «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General» de la Junta y a través del cual se repartieron al menos 854,8 millones de euros «de forma discrecional o arbitraria», pese a «las indicaciones contrarias recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado», de la Intervención de la propia Junta, del despacho Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse.

Según el instructor, los imputados «mediante un concierto expreso o tácito, han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación». En relación a Chaves, el juez señala que «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo». El magistrado marca un «hito cronológico en el año 2005», cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un informe relativo al ejercicio de 2003 en el que se advertía de que «se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido para conceder subvenciones». Y añade que «no era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve ni su conexión con el reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000» y que «se mantuvo con una vocación de perpetuidad hasta que fue puesto al descubierto en el año 2011», de modo que «quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias».

El auto detalla que los fondos públicos «eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos», que eran repartidos «con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión», sin controlar su destino y «asumiendo obligaciones de manera arbitraria, comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía». Desde el año 2005 las «resoluciones prevaricadoras» que se incluían en el «procedimiento específico» eran «el instrumento a través del cual eran objeto de apropiación los fondos públicos inicialmente destinados a ayudas a empresas y personas afectadas por las crisis empresariales».

El juez precisa que el tipo que se aplica para el delito de malversación – del que se acusa a Griñán y a otros 17 exaltos cargos – «no exige el lucro personal del sustractor», sino que «se beneficie a un tercero» y aclara que «no todos ellos cooperan activamente en la malversación, limitándose algunos a dejar hacer».

El auto es recurrible y da un plazo de 45 días a las partes para que presenten alegaciones o soliciten archivos.

 

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