Baltar defiende en la FEMP una nueva normativa que favoreza la financiación local

Baltar_xunta de goberno da FEMP

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, participó en Madrid en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que se acordó solicitar al Gobierno de España leyes que refuercen la autonomía municipal y garanticen a ayuntamientos y provincias los recursos suficientes para el desarrollo de sus competencias. Manuel Baltar defiende demanda una neuva normativa que favorezca la financiación local, afirmando que las diputaciones “son clave para la recuperación económica frente a la crisis que afecta a la sociedad y, especialmente, a los ayuntamientos”, subrayando que es necesario “incrementar la eficiencia de estos gobiernos locales intermedios y acometer una reforma de competencias, de financiación y del régimen electoral, que permita la elección directa de los diputados”, segundo declaró el presidente provincial al final de la reunión.

Baltar considera que las diputaciones deben ser “plataformas de servicios para los ayuntamientos y los ciudadanos”, y sitúa a los servicios sociales, la gestión medioambiental y las infraestructuras como los tres pilares fundamentales de esa plataforma de gestión supramunicipal. En este sentido Baltar entiende que “modernidad, agilidad en la gestión, ahorro y eficacia”, son los elementos que deben presidir la gestión integral de las diputaciones, “cuyo papel en el futuro considera clave para la pervivencia de los millares de pequeños y medianos ayuntamientos de España”, afirma, remarcando la importancia de desarrollar leyes que aboguen por “una administración, una competencia y una financiación”.

 

TECHO DE GASTO

 

La Junta de Gobierno de la FEMP solicitó una reunión con el ministro de Hacienda en funciones para modificar la regla que determina el techo de gasto, y pedirá que la devolución de las liquidaciones negativas de la Participación de las Entidades Locales en los Ingresos del Estado (PIE) pueda aplazarse veinte años, y que las aportaciones económicas de las entidades locales a proyectos con el-financiados por la UE no se tomen en consideración a la hora de calcular el techo de gasto.

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