No quedaba otra

Con el mesianismo redentor que le caracteriza, no tardó Ciudadanos un minuto en atribuirse como logro de su formación política la inicial renuncia de Gómez Besteiro a competir por la candidatura a la presidencia de la Xunta. Sin embargo, no llegó a dar el lógico empujón para que hiciera lo propio con la secretaría general del PSdeG, a pesar de la incongruencia que suponía desistir de un puesto al que se aspira, pero no se tiene, y continuar en el que sí se ostenta.

El partido de Albert Rivera invocó los pactos anticorrupción impulsados desde las elecciones autonómicas últimas y, de forma especial, a raíz del convenio pro investidura firmado con Pedro Sánchez. Estos pactos contemplan, como se sabe, el compromiso de no incluir en listas electorales ni promover para cargos públicos a personas investigadas por la Justicia. Y Besteiro lo estaba hasta por diez supuestos delitos.

Sorprendió, con todo, que Ciudadanos no hiciera valer hasta el final sus credenciales regeneradoras. Porque mucho no se entendía que una persona no apta para ser candidato a la presidencia de la comunidad ni al Senado, sí pudiera seguir al frente del aparato regional del segundo gran partido. Y se les recordó que en algunas negociaciones tras las autonómicas de mayo habían exigido renuncias en cargos orgánicos del PP de mucho menor rango.

Se confirmaba así una vez más la impresión de que el partido naranja tiene con el PSOE una vara de medir más dúctil y maleable que con el PP. Pero, sobre todo, que la formación de Rivera va perdiendo fuelle en sus proclamas anticorrupción por aquello de que la política de salón muchas veces no encaja con las necesidades del día a día.

En realidad, las cesiones por parte de Ciudadanos en este capítulo no van sido pocas. El convenio con el Partido Socialista está tan condicionado a determinados supuestos que va a servir más para ser exhibido que para ser aplicado. Y es que, a tales efectos, al acuerdo tiene vigencia sólo a partir de la reciente firma del mismo –para atrás no se mira- ; la investigación debe serlo a iniciativa del ministerio fiscal, y para delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento del afectado. En salvaguarda propia, el PSOE apretó bien las clavijas. Y su socio lo asumió.

No han faltado por parte de Besteiro las clásicas argucias altruistas de que no quiere ser utilizado como excusa para impedir el cambio en Galicia. La verdad es que las cosas son mucho más prosaicas. Habida cuenta de su situación procesal, hubiese sido un blanco demasiado fácil en la campaña para las autonómicas de noviembre. Y tampoco Pedro Sánchez lo iba a tener cómodo en el lío en que anda metido.

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