El juez ofrece a Rita Barberá declarar voluntariamente

Rita Barbera_preocupada

El juez Víctor Gómez, que investiga el caso Imelsa, decidió ayer imputar al PP de Valencia por blanqueo y ofreció a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá que declare voluntariamente antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo. El juez indicó en su auto que, según la fiscalía, «existen indicios suficientes de la participación» de Barberá en los hechos. La misma oferta del juez ha recibido el diputado autonómico Miguel Domínguez, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Alternativamente, les ofrece presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados. Respecto al PP, el juez le ha pedido que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado.

Sobre el ofrecimiento para que declaren los dos aforados, el magistrado alude a la doctrina del Supremo según la cual «deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos, sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, lo que pasará por recibirle declaración si voluntariamente se presta a ello».

De aceptar la fórmula, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante el juez y el fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones.

Barberá, que tiene previsto asistir hoy al pleno del Senado, ofrecerá una rueda de prensa en la sede regional del partido, según informó el PP en un comunicado. Según el diario LA RAZÓN, la exalcaldesa finalmente aceptará declarar de forma voluntaria.

El fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, destaca en su escrito en el que pide al juzgado del caso Imelsaque eleve una exposición razonada al Supremo, y al que ha tenido acceso Europa Pressa, que las diligencias practicadas revelan «la existencia de una operativa de blanqueo de capitales orquestada desde el grupo municipal del PP», y destaca que el partido, de acuerdo con las cuentas, «tenía dinero suficiente» para la campaña a pesar de que los investigados alegaron que se les pidió donaciones para poder hacer frente al periodo electoral. En el escrito del fiscal aparece Barberá como «una de las que ingresaron los 1.000 euros en la cuenta bancaria del Grupo Municipal Popular» el 1 de abril de 2015 y que se hizo efectivo mediante su cargo en una cuenta de Bankia. También aparece Domínguez como otro de los que realizaron la transferencia.

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, dijo que es Barberá quien tiene que decidir si acepta la invitación del juez a acudir a declarar. Maroto insistió en que la regeneración democrática es «incompatible» con los casos de corrupción en todos los partidos y que hay que «purgar» las organizaciones. No obstante, dijo que ante estos casos no se puede ser ni «Torquemada» ni andarse con «paños calientes».

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuestionó la actuación del juez del caso Imelsa al calificar como «anómalo» su ofrecimiento a la senadora Rita Barberá de declarar antes de decidir si eleva al Supremo la causa. «Es la primera vez que lo veo en la vida, no he visto cosa semejante nunca», dijo en 13tv.

«DINERO NEGRO»

El juez instructor del caso Imelsa acordó prorrogar hasta el 14 de abril el secreto en la causa principal y levantó el de la pieza separada de blanqueo. En las conversaciones intervenidas, la exconcejal María José Alcón, esposa de Alfonso Grau, asegura a su hijo que en el PP local «había mucho dinero negro» y «corrupción política total». Alcón explica cómo en el partido, en concreto, Mari Carmen García-Fuster, le había dado 1.000 euros en dos billetes de 500, en «dinero negro», y luego tenía que hacer una transferencia legal de su cuenta «para blanquear dinero, corrupción política total». «Ellos tiene mucho dinero negro de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones; es un dinero que no pueden aflorarlo», explica la exconcejal. Al final de la conversación, Alcón dice a su hijo: «Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción».

En otra conversación, Alcón admite el enfado de Grau con Rita Barberá porque su marido es el que está asumiendo las responsabilidades en el caso Nóos. «Es el chivo expiatorio», «él no conoce a Urdangarin», apuntó. Según Alcón, Grau le dijo a Barberá: «Hay un tema que he pagado yo y que sabes que es cosa tuya».

El informe del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO, incluido en el sumario, señala que la operativa es tradicional en el blanqueo de capitales, cuyo objetivo «no es otro que evitar que las autoridades monetarias sospechen de ingresos en efectivo en cantidades superiores, de tal forma que se distribuye la cantidad total a ingresar». Según la UCO, la secretaria del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, habría repartido 50.000 euros de los que se desconoce su procedencia entre 50 de sus componentes para que realizaran ingresos fraccionados de 1.000 euros cada uno en la cuenta del grupo en concepto de «aportaciones». García-Fuster habría ingresado en efectivo en la cuenta del PP 37.000 euros entre 2011 y 2014.

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