La FEMP sale en defensa de las diputaciones a propuesta de Manuel Baltar

Manuel Baltar_Abel Caballero_FEMP Madrid

 

La Xunta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó un documento en el que acuerda «impulsar una administración intermedia, las diputaciones provinciales, más moderna, que se adapte a las necesidades de la sociedad actual, redefiniendo el papel y estructura de las diputaciones provinciales de régimen común, para prestar servicios con mayor eficacia y garantía de calidad a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes».

El acuerdo de la Xunta de Gobierno de la FEMP señala que los gobiernos provinciales «desarrollarán a sus competencias prestadoras de servicios con mayor eficiencia y siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia participativa». «Pretendemos con eslabón ?destaca el acuerdo de la FEMP- garantizar a la ciudadanía el acceso a los servicios públicos de calidad, independientemente de su lugar de residencia».

En la reunión, los miembros de la Xunta de Gobierno de la FEMP hablaron, como defiende Manuel Baltar, de una visión integral de provincia, de la fusión de servicios, de la puesta en marcha de cartas de servicios, y, en general, «de seguir modernizando los gobiernos provinciales para adaptarlos a la realidad actual de inmediatez y proactividade con los ciudadanos», explicó Manuel Baltar, quien agradeció y se congratuló del pronunciamento de hoy de la FEMP.

Baltar, miembro de la Xunta de Gobierno FEMP, afirmaba en su escrito que el acuerdo de gobierno suscrito el pasado 24 de febrero entre el PSOE y Ciudadanos, en el que se acordaba la «supresión de las diputaciones provinciales de régimen común», «supone un gravísimo ataque a la autonomía provincial y a sus órganos de gobiernos reconocidos por nuestra Constitución».

Manuel Baltar, que es partidario de reformar el régimen electoral para que se elijan en urna a los miembros de la corporación provincial, «cuestión que defiendo desde siempre ?afirma-, como también la reforma de la financiación», destaca que las diputaciones provinciales «son instituciones constitucionales que fueron con el-protagonistas, como gobiernos locales intermedios de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades», y añade: «Cumplen con una labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad y cercanía que no podrían proporcionar muchos municipios por sí suelos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, mejorando la gestión local».

En este sentido, considera Baltar que las diputaciones juegan un papel esencial en la generación de economías de escala, «contribuyendo al abaratamiento de los cuestes y produciendo un efecto multiplicador sobre los recursos». Provincias y municipios, Ayuntamientos y Diputaciones, integran una misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad institucional».

Baltar entiende que los gobiernos provinciales «son imprescindibles para dar cumplimiento al artículo 139 de la Constitución, que garantiza que «todos los españoles tienen los mismos derechos y deberes en cualquiera parte del territorio del estado». «La supresión de los órganos provinciales -afirma- convertiría en ciudadanos de segunda división a millones de españoles que viven en medio rural, en su mayoría en pequeños pueblos, a los que no se les pueden negar los mismos derechos, oportunidades y deberes que al resto de ciudadanos».

La FEMP desde su fundación, «tuvo como una de sus máximas el apoyo a los pequeños municipios, y ejemplo de la importancia que para la federación tienen los mismos, es la reciente creación, en esta legislatura, de una nueva Comisión de Despoblación», entiende Manuel Baltar.

Por todo lo eres, el presidente de la Diputación de Ourense pedía en su escrito que la FEMP reivindique el valor institucional de las diputaciones, cabildos y consejos Insulares, como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios; y que la FEMP exija al futuro Gobierno de la nación «que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales». Finalmente, Manuel Baltar le pide a la FEMP valorar que el presente inmediato de los gobiernos provinciales «no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del Estado».

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar