La infanta Cristina, en el banquillo, considera inocente a su marido

La infanta Cristina se amparó ayer, en su declaración como acusada en el caso Nóosde dos delitos fiscales, en la «confianza» que tiene en su marido, Iñaki Urdangarin, para explicar su participación en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50%. Asimismo, se mostró «absolutamente convencida» de la inocencia de su marido. Doña Cristina, que sólo respondió a las preguntas de su abogado, Pablo Molins, defendió que nunca fue escudo fiscal ante Hacienda ni figuró en Aizoon para obtener beneficios tributarios. Además, negó haber tenido jamás cuentas en paraísos fiscales, salvo la que ahora utiliza en Suiza por residir en Ginebra.

Durante su declaración, la Infanta hizo hincapié en que no tiene ningún conocimiento fiscal o contable y explicó que era su marido quien se «encargaba de las gestiones económicas de la familia», y el que adoptaba las decisiones en Aizoon bajo la tutela de su asesor fiscal. Aclaró que las decisiones las tomaba su marido, que ella no tenía poderes en la sociedad, ni recibía sus extractos bancarios, ni tampoco usaba la tarjeta visa corporativa a su nombre, ni asistió a ninguna junta, aunque su rúbrica aparece en las actas. «Me las pasaban a la firma y por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, la firmaba», afirmó.

Sobre la constitución de Aizoon en 2003, dijo que no tenían «ninguna prohibición» de la Casa Real para crear una empresa. Ella se asesoró previamente con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, mientras Urdangarín lo hacía con Federico Rubio. Señaló que la crearon «para canalizar los ingresos derivados del trabajo profesional en asesoría y consultoría» de su marido, y que ella firmó como copropietaria por «confianza» en él.

La Infanta explicó que su marido se encargaba de las «gestiones económicas» de la familia, que ambos se ocupaban de sus hijos, y que ella asumía la «agenda» familiar, además de atender actos institucionales. Al respecto, señaló que Aizoon no era un «tema» del que hablaran.

Doña Cristina sólo está acusada por el sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de prisión como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales. Al inicio del interrogatorio, la letrada del sindicato, Virginia López Negrete, lanzó una retahíla de preguntas que no tuvieron respuesta. La presidenta del tribunal la llamó la atención por hacer valoraciones. Por su parte, el abogado de la Infanta, Pablo Molins, se quejó ante las preguntas de López Negrete al entender que «la gran mayoría» eran «claramente improcedentes e impertinentes».

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