Corrupción según y cómo

La semana pasada hacía balance el Ministerio del Interior de la lucha contra la corrupción a partir de 2010. Datos referidos tanto a las Administraciones públicas y al ámbito de la política como a la actividad privada. Un total de 8.321 personas detenidas y 4.091 investigaciones iniciadas. Incremento del 628 por ciento de las detenciones en cinco años. Sólo en 2015, que no fue el año peor, siete arrestos al día.
Muchos, sí, pero que entran en ese enorme cajón de lo que se conoce por corrupción y en el que caben figuras penales diversas, tales como la prevaricación administrativa, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias y fraudes comunitarios varios.
En la pormenorizada estadística que ofreció el ministro Fernández Díaz faltó, sin embargo, un dato no menor para valorar debidamente el alcance de tal modalidad delictiva: el número de sentencias dictadas y, sobre todo, de condenas impuestas.
Lo digo porque, al menos en el ámbito de la llamada corrupción política, muchos de los investigados/imputados luego resultan absueltos bien por falta de pruebas y en ocasiones de hasta de indicios suficientes. Según datos del PP, más de cien imputaciones a relevantes cargos y servidores públicos del partido se han salado sin condena: 46 archivos, 36 desimputaciones y 26 absoluciones.
Da la impresión, por otra parte, de que se está produciendo un cierto abuso en el recurso a la jurisdicción penal cuando existen mecanismos en el ámbito contencioso administrativo para rectificar o anular decisiones que se consideran lesivas sin tener que trasladar a aquélla cualquier tipo de controversia.

Y sin pretender restar un ápice de importancia al problema, también resulta cierto que se están aprovechando los casos de corrupción para practicar espectáculo mediático, aun a costa de llevarse por delante la presunción de inocencia y el secreto del sumario. Es lo que se conoce como la pena de telediario.

Finalmente, está toda esa otra corrupción que no sale en la tele o que lo hace según y cómo. La corrupción medida con distinta vara: el goteo de casos del Partido Popular y el drenaje informativo de los casos del PSOE y nacionalistas. Rato y Rita Barberá, a tope; Jordi Pujol, Narcís Serra, Chaves, Griñán, Pere Navarro, Caballero, Besteiro o la ex alcaldesa de Jerez, en mucha menor medida.

No sé cómo Albert Rivera, apóstol que se dice de la lucha contra la corrupción, va a poder justificar su acuerdo con un Partido Socialista que es protagonista de los mayores escándalos, tanto en cuantía económica como en número de implicados, de la historia de la democracia. Según balances que se barajan estos días, el cerco judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.300 millones de euros bajo sospecha. Treinta y tantos Juzgados andan en ello.

Y lo que todavía se entiende menos: que Ciudadanos haya aceptado, por exigencias de su socio, que para atrás no se mira; que lo pasado en aquella comunidad con los ERE y derivados, pasado está.

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