De la Diputación al Senado

La figura de la Diputación Provincial es la piedra de toque de todo aquel neófito que llega a la política con aires de cambio. No falla. Cuestión que a los veteranos de este oficio de pensar en política nos produce una cansina sensación de déjà vu. Las inquinas contra las diputaciones tienen dos fundamentos. Uno, su atropellada historia. Dos, la falta de análisis rigurosos sobre sus realidades presentes.

La Diputación es el Gobierno de la provincia y la división provincial actual es la mejor distribución administrativa que ha tenido en la historia el territorio de la península. La idea de provincia nos llegó con los romanos y desde entonces se ha mantenido con diferentes adjetivos calificativos y distintas divisiones. Provincias eclesiásticas, fiscales, judiciales… mezcladas o alternadas con distritos, reinos, intendencias, prefecturas, partidos judiciales, capitanías…

Un galimatías que a finales del siglo XVIII resultaba ineficaz e insostenible. La Constitución de 1812 trató de poner orden impulsando el criterio de una nueva provincia racional, regida por una Diputación. En 1833, el periodista y primer ministro de Fomento, Javier de Burgos, firmó el decreto que lleva su nombre por el que se consolidó la división provincial actual. De momento ha sobrevivido y ha servido administrativamente durante 183 años.

En este tiempo no han prosperado ni los intentos de neutralizarlas ni los de sustituirlas. Han fracasado las mancomunidades de municipios, no prosperan las áreas metropolitanas, ni otras teorías que quedaron en las papeleras. Tampoco lograron absorberlas los gobiernos civiles y, finalmente, están consiguiendo democratizarse, en muchos casos ejemplarmente. Y, lo más evidente, se han convertido en instrumentos de planificación, ordenación y gobierno del territorio con más efectividad que los propios gobiernos autónomos.

Pablo Iglesias, Albert Rivera y los suyos debieran darse un paseo por la historia y por la función actual de las diputaciones antes de dar pasos en falso, guiados por las imágenes en blanco y negro del NO-DO. Verían que los gobiernos provinciales solo necesitan más democratización y mejor definición de competencias. La idea, expuesta por Manuel Baltar en su libro Falemos de ourensanía, de elegir al presidente provincial en urna podría ser un primer paso inteligente.

Pero también serían avances oportunos, para deshacer el entramado burocrático heredado, cerrar las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno pasando las competencias imprescindibles a la Diputación. Cerrar todas las delegaciones provinciales de los gobiernos autónomos, pasando sus ventanillas a la Diputación. Y, ya que estamos pensando en dar una función real al Senado, sentemos en él a todos los presidentes de Diputación convirtiendo la Cámara alta en una verdadera cámara de representación territorial.

Cuantos hemos vivido este déjà vu sabemos que lo firmado por Sánchez y Rivera es papel mojado frente a la realidad, no obstante del ruido y algarabía mediática de estos días. Ojalá que, al menos, como revulsivo sirva para poner en valor el papel social y administrativo de la Diputación.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar