Ya nadie niega la dureza social del ajuste

En lo que llevamos de año se suceden los informes sobre la economía española pero también sobre la europea en su conjunto. Es posible que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional puedan presumir de haber alcanzado el grueso de sus objetivos económicos en Europa, pero no sería menos riguroso sostener que lo han conseguido a un coste social brutal.

Partiendo de que el euro es la moneda adoptada por las instituciones de la Unión Europea, se trataba se mantener a flote la divisa oficial de la eurozona, formada por 19 de los 28 Estados miembros de la UE. Y el euro sigue en pie. También sus bancos, a veces a costa de los contribuyentes, sin que por ello fuesen capaces de alcanzar cifras razonables de morosidad; al menos en España.

Como reconocen ahora las propias autoridades europeas, lo peor han sido la pobreza, la desigualdad, el desempleo, los recortes en sanidad, la devaluación salarial, los desahucios, los aumentos de impuestos, los perjuicios a pequeños inversores… Un sinfín de duras medidas sociales, a menudo arbitrarias, teniendo en cuenta que el coste de la crisis lo pagaron más unos que otros y que el ajuste se hizo a través de la reducción de los precios y del coste de la mano de obra, como también admiten desde Bruselas.

Europa trajo bienestar y alegría a la España posfranquista pero ahora no sucede lo mismo, lo cual no es solo responsabilidad de una de las partes, sino quizá de ambas y de las propias circunstancias financieras de cada Estado, del conjunto de la eurozona e incluso del mundo. En ese contexto, el llamado Pacto por el Euro aprieta las tuercas a los 19 países que comparten la moneda común, lo cual se traduce en recortes sociales y salariales, como vía alternativa a devaluaciones que ahora no son posibles. El euro, en definitiva, no puede devaluarse en un país sí y en otro no.

En crisis anteriores, sin ir más lejos en España, se hicieron devaluaciones para reactivar la economía mediante una mayor capacidad exportadora, capaz de revitalizar el empleo y el consumo interno. Como esto ahora no es posible, la devaluación se hace recurriendo a otro tipo de ajustes, que terminan afectando a los salarios y al gasto público.

Un problema añadido está en que, a diferencia de otras grandes crisis, esta vez se echan de menos medidas de acompañamiento habituales en procesos similares como fueron el plan de estabilización del 59, la crisis del 73, los pactos de la Moncloa, la reconversión de los 80 o la crisis financiera de los 90. Entonces había ajustes pero a la vez se instrumentaban cuidados paliativos o se abrían nuevos horizontes. Así, por ejemplo, la entrada de España en la entonces llamada CEE trajo, por un lado, oportunidades de exportación y, por otro, convirtió España en destinatario privilegiado de fondos estructurales, con la consecuente mejora de sus infraestructuras y el desarrollo de la construcción, que fue un sector locomotora para el empleo y el propio crecimiento, dada su capacidad de influencia en muchos otros segmentos de la producción.

Supuestamente, el objetivo europeo es fomentar a medio plazo la competitividad para afrontar así la crisis de la deuda y los problemas del déficit, pero cuesta ver los resultados. En términos de salarios, estos tienden a vincularse cada vez más a la productividad, desligándose de la inflación, lo cual supone una transformación laboral de gran alcance para España.

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