Violencia de género

Sólo desde la banalidad de no pocas redes sociales y desde el dogmatismo de determinadas formaciones políticas puede entenderse el acoso y derribo que el partido de Albert Rivera y su número tres en la lista por Madrid para las elecciones del domingo, Marta Rivera de la Cruz, están sufriendo estos días a propósito de la lucha contra la violencia de género y de la norma que lo regula.

​Como se sabe, la candidata de Ciudadanos, periodista, escritora pluripremiada y lucense de nacimiento, se refirió en un debate televisivo a la propuesta de su partido para modificar la ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, con un doble objetivo: acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y hacerla más eficaz.

​Fue esta la primera ley que alumbró el primer gobierno de Rodríguez Zapatero. Ley fruto de una promesa electoral del Partido Socialista que con ella quiso hacer bandera política e ideológica. A pesar de haber recibido numerosísimas enmiendas, su tramitación parlamentaria resultó atropellada y precipitada. Y si al final, a pesar de las muchas reticencias, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos tanto en el Congreso como en el Senado, fue porque los parlamentarios entendieron que cualquier avance en la lucha contra la violencia de género, por tímido e insignificante que fuera, merecía un decidido respaldo. En aquel fin de año ya habían sido setenta las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas.

​Pero si la política hizo piña en torno a la ley, el mundo del Derecho no dejó de mostrar sus reparos al respecto. Y fue precisamente la cuestión de la asimetría penal; esto es, el establecimiento de penas distintas para una misma conducta según se trate de hombres o de mujeres, lo que suscitó mayores controversias. Bien es cierto que la ley recibió el visto bueno del Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que las dos o tres sentencias habidas al respecto contaron siempre con varios magistrados discrepantes.

​Ahí es donde pretende incidir la propuesta de Ciudadanos. No en rebajar las penas, sino en acabar con esa especie de dos Derechos penales que consagra la ley: uno para la generalidad, donde seguirían vigentes principios que han regido hasta ahora, como la igualdad ante la ley, y otro para grupos especiales de personas.

​Se trata, pues, de una cuestión harto debatida y debatible que el partido de Albert Rivera tiene pleno derecho a plantear en su programa de cara a las elecciones del domingo. Sorprende, por tanto, el alud de críticas que ha recibido al respecto. Salvo, claro, que algunos dogmáticos como el Partido Socialista pretendan que todos se adapten a sus particulares querencias.

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