La Fiscalía rebaja las penas para los acusados de la trama de drogas del «Riptide»

Xuizo Riptide_transporte droga

El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, ha rebajado su petición de penas de prisión para todos los acusados en la trama de tráfico de drogas del buque ‘Riptide’, interceptado en mayo de 2013 en las Rías Baixas con casi tres toneladas de cocaína en su interior, pasando de solicitar entre 17 años y 21 años de prisión a entre 5 y 14 años de cárcel.

Este miércoles se ha celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, la quinta sesión del juicio por estos hechos, que ha dado comienzo con la declaración de dos testigos. A continuación, el fiscal ha trasladado sus conclusiones y ha mantenido que cada uno de los procesados tenían distintas funciones y posiciones en el organigrama de la trama.

Así, les acusa de delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo el subtipo superagravado de extraordinaria gravedad en atención a la cantidad de la droga –3 toneladas con un 71% de pureza– y a la utilización de embarcaciones –hasta cuatro–; delito de integración en organización criminal; y, para dos de ellos, también delito de tenencia ilícita de arma corta.

No obstante, ha contemplado la atenuante de confesión en varios de los acusados y en el caso de las tres personas a las que apuntaba como presuntos jefes de la trama –para los que pedía la mayor pena, de 21 años y tres meses– ha eliminado esta acusación, y ha reducido la solicitud de prisión para Antonio C.M. y José Luis V.M. a 12 años de prisión, y para Juan Marcos V.F. a 9 años por admitir su participación en los hechos.

En este sentido, el fiscal aunque ha dicho que no les considera líderes de la operación –que cree que no es la primera–, sí que entiende que formaban parte de un grupo coordinado con otros grupos y que conjuntamente conformaban la trama de esta operación «de grandísima envergadura». Así, ha pedido al tribunal que si no se considera organización criminal, sí se considere grupo criminal.

En este marco, el fiscal ha pedido que en la sentencia que dicte el Tribunal se diferencie entre aquellos acusados que reconocieron los hechos y los que no, puesto que el reconocimiento de los hechos «es el primer paso para corregirse» y las penas en España están «orientadas para reinsertar».
PRUEBAS SUFICIENTES

Tal y como ha mantenido el Ministerio Público en la vista, «hay prueba de cargo suficiente para acreditar el escrito de acusación, independientemente de las confesiones» de varios de los implicados, que, en su opinión, han venido a ratificar las pruebas aportadas sobre los hechos.

Así, en cuanto a los que no reconocieron los hechos, el fiscal ha solicitado para Antonio C.M., José Luis V.M., Nelson B.C. y Luis Miguel I.V., penas de 12 años de prisión para cada uno; para Jesús I.C. 14 años –dos de ellos por tenencia ilícita de arma–; y para Francisco Javier S.S., al que se le aplica la agravante de reincidencia, 13 años de cárcel.

Sobre estas personas ha señalado que no ve comprobados ni acreditados sus respectivos hechos impeditivos (coartadas) pero sí su participación, la relación entre los acusados y que se comunicaron –llamadas y mensajes– y mantuvieron reuniones. Para ello se basa en las intervenciones telefónicas, los seguimientos y declaraciones policiales, la incautación de la droga y otros efectos, además de la confesión de 12 de los 18 acusados.

Por su parte, de los 12 acusados que sí reconocieron los hechos, el fiscal pide para 10 –el capitán y los cuatro marineros del ‘Riptide’, los tres tripulantes del ‘Pixapo’, José Gregorio H.R., y Juan Marcos V.F.– una pena de nueve años de prisión; y para José Manuel R.C., en quien concurre la agravante de reincidencia por narcotráfico, un total de 12 años y tres meses de prisión, de los que un año es por tenencia ilícita de armas.

Además, en relación a Rogelio C.C. le ha acusado de ser cómplice –en lugar de realizar funciones subordinadas y auxiliares a la dirección de la organización–, y le ha bajado la petición en su caso de 17 años y 3 meses de prisión y dos multas de 800 millones de euros a cinco años de cárcel y dos multas de 400 millones –siendo el único al que la petición pública rebaja la cantidad de multa–.

En el caso de los acusados extranjeros –el capitán del ‘Riptide’ es coreano y sus cuatro tripulantes indonesios–, el fiscal también ha propuesto que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión del territorio español cuando accedan al tercer grado o a la libertad condicional, con la condición de no regresar a España en un periodo de 10 años.

A pesar de las rebajas de la petición de penas, el abogado de José Manuel R.C. ha manifestado su desacuerdo con que se le aplique a su representado la agravante de reincidencia por tráfico de drogas, y ha reclamado que no sea considerado como autor, sino como cómplice.

Igualmente, el letrado de José Gregorio H.R. ha solicitado que se considere a su cliente como cómplice y cooperador necesario y se le aplique una atenuante por haber «desistido momentáneamente de la realización del delito», por lo que pide rebajar la pena a 4 años y medio y una multa de 147 millones. El fiscal ha dicho que no puede ser cómplice porque contactó con la organización de Venezuela.
ABOGADOS DE VIÑAS Y CARBALLA

Por parte de las defensas, este miércoles sólo han podido trasladar sus conclusiones los abogados de José Luis V.M. y de Antonio C.M –que han pedido la libre absolución de sus clientes–, mientras que los demás lo harán este jueves, cuando se reanudará el juicio.

Así, el letrado de José Luis V.M., ha asegurado que «no hay tales pruebas» para acreditar que su patrocinado es jefe de la organización ni que participó en los hechos, y ha reiterado los argumentos que el propio José Luis había esgrimido en su declaración. Además, ha criticado que se use como hecho probatorio el que fue condenado por tráfico de drogas, porque «no es prueba de nada y se pretende sesgar la opinión» del Tribunal.

A renglón seguido, ha pedido aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, pero el fiscal lo ha considerado «una petición absurda» puesto que desde que se produjeron las detenciones hasta el juicio pasaron dos años y cinco meses y en la causa hay 21 procesados, 18 acusados, más de 7.000 folios de instrucción, y un procedimiento marcado por la «actitud obstaculizadora de las defensas».

Asimismo, el abogado de Antonio C.M., que ha dicho ver «error tras error en la confección» de la causa, atestados, y otras diligencias, ha hecho suyo en lo genérico el razonamiento del letrado de José Luis V.M., y ha mantenido que las comunicaciones recibidas por el móvil que usaba su cliente no procedían de ningún teléfono de un país extranjero.

De esta forma, ha pedido tener en cuenta la presunción de inocencia y el ‘in dubio pro reo’ sobre Antonio C.M., puesto que, bajo su punto de vista, no está acreditada su «actitud vigilante, nadie le vio hablar con nadie, ni entregar ni recibir nada» y «en nada contribuyó, organizó, llamó o intervino».

Ambos letrados también han apuntado a que Juan Marcos pudo inculpar a sus clientes con motivo del pacto con Fiscalía –que, como habían avanzado éstos, ha pedido para Juan Marcos V.F. una pena de nueve años–, y, ante cambios en las distintas declaraciones de Juan Marcos ha llamado a «coger con cautela su declaración –judicial–, parcialmente interesada, previamente pactada».

Finalmente, los abogados se han referido nuevamente a la ausencia de procesados como acusados, entre ellos el considerado líder del conocido como ‘Clan Roma’, José Ramiro Vázquez Roma, y han señalado que «por arte de magia dos personas se sustituyeron en el proceso».

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