Montoro investiga los 1.300 millones de gastos que la Generalitat no contabilizó

 Montoro_acto PP Andalucía

Una comisión de técnicos del Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Intervención General del Estado (IGAE) investiga por qué la Generalitat no informó sobre facturas por importe de 1.318 millones de euros sin contabilizar, según explicó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Dicho gasto se corresponde con «contratos de participación público-privados» de hace más de una década para la construcción de carreteras y centros penitenciarios, según destapó Eurostat al revisar la cifras de déficit de las administraciones españolas.

Montoro añadió que la existencia de este gasto es «una de las circunstancias excepcionales que concurren sobre Cataluña que han llevado al Gobierno a exigir unas condiciones adicionales a la Generalitat del uso del resto de su Presupuesto que deben ajustarse a los criterios de legalidad y constitucionalidad», en referencia a los créditos concedidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El titular de Hacienda instó a la Generalitat a gestionar correctamente el dinero de los ciudadanos y consideró que «no debe distraer la atención», sino «cumplir cuanto antes» para que los proveedores catalanes, en especial farmacias y centros sanitarios concertados, «no tengan que sufrir más aplazamientos que se deriven de posiciones políticas que hoy no tienen sentido».

El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell consideró que el Gobierno central está poniendo condiciones a Cataluña «por motivos políticos» al dar «una orden que singulariza a Cataluña». «No hemos escondido nada y el Ministerio lo sabe», aseguró. El número dosde este departamento, Albert Carreras, recomendó a los farmacéuticos que «pongan una vela a su patrona» para cobrar, porque la Generalitat es «incapaz» de poner fecha al pago de la deuda.

En otro orden de cosas, EL MUNDO destaca que Hacienda ha impulsado un canal a través del cual los funcionarios de la Generalitat podrán denunciar directamente ante instancias del Estado actos ilegales.

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