La exconcejala socialista ourensana niega haber prevaricado

Exconcelleira PSOE socialista Ourense Aurea Soto no Xulgado

La socialista Áurea Soto ha negado este martes haber cometido un delito de prevaricación durante su etapa como concejala de Urbanismo de Ourense por la concesión de licencia a los edificios de la Plaza de San Antonio y el aparcamiento subterráneo.

Arropada durante su declaración como acusada por el exalcalde Agustín Fernández y el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, la exedila sostuvo que «nadie» en el consistorio le manifestó dudas sobre la legalización de ese conjunto.

En concreto, la plaza estaba ocupada por un asilo de ancianos regentado por una congregación religiosa, pero el gobierno liderado por Manuel Cabezas (PP) autorizó en 1998 la construcción de viviendas y de un aparcamiento subterráneo para su explotación privada.

Sobre estas obras llegó a haber una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2004, pero el nuevo gobierno que entró en 2007, con Francisco Rodríguez (PSOE) a la cabeza, decidió dar licencias de obra y ocupación a las casas, locales y garajes y pedir al alto tribunal gallego la inejecución de su fallo, algo que logró.

UN PROFESIONAL «DE PRESTIGIO»

Como explicó Soto a preguntas de la fiscala, con la que mantuvo duros intercambios de palabras, solicitó a un abogado «de prestigio» –acusado junto a ella– un informe jurídico externo enfocado a tratar de frenar la demolición de estos edificios.

«Busqué la opinión de una persona especializada en urbanismo y que no estuviera sesgada por la situación del ayuntamiento con el PGOM», detalló, y respondió a la fiscala que no es infrecuente pedir a los técnicos municipales que elaboren sus escritos basándose en el de un experto.

Máxime, prosiguió, cuando la abogada municipal «compartía sus razonamientos y sus conclusiones». Según su versión, el informe elaborado por el experto en asuntos urbanísticos Carlos Hernández «confirmó» la versión de los letrados municipales sobre estos edificios, cuya demolición afectaría a «cerca de 100 familias».

Ante los medios, siempre advirtió de que su derribo supondría un pago de indemnizaciones por parte de la administración local de unos 40 millones de euros.

SUBSUELO PÚBLICO PARA LOS TÉCNICOS

Después de que la representante del Ministerio Fiscal aseverase que los técnicos municipales no respaldaban esa versión, Soto replicó recordando que fue la asesora jurídica del ayuntamiento, Ana Blanco, quien presentó el recurso de súplica para la inejecución ante el TSXG. «Y no fue obligada», añadió ante las preguntas del letrado del experto, José Luis Gutiérrez Aranguren.

También en este extremo se centró el abogado de la acusación particular, quien recalcó que los técnicos creen que el subsuelo es público y, por tanto, el aparcamiento sólo podría ser explotado directamente por el ayuntamiento o a través de una concesión.

Por último, sin querer abordar la situación que se encontró a su llegada al consistorio, alegando que «no» había «profundizado» en ello, Soto sí defendió que el planeamiento aprobado en 2003 permitía «consolidar» lo existente «tanto en superficie como en el subsuelo».

EL SUELO NO ES PÚBLICO

En su turno de comparecencia, Carlos Hernández defendió que el suelo y el subsuelo de la plaza de San Antonio son «un espacio libre privado» según el planeamiento de 2003, por el que se regularizó su situación.

Y, ante las cuestiones de la acusación particular relativas a si la construcción de los edificios de la plaza no conllevaban la cesión de espacio a la ciudad, al ser anteriores al plan general de 2003, el letrado recordó que la anulación del aprobado en 1995 deriva en la instauración del último, de 1986, y ese documento fija que esa zona es para equipamiento privado.

«Si cae el plan, también cae la cesión», argumentó, para justificar por qué no se hizo una concesión para el aparcamiento. En último lugar, a preguntas de Aranguren, admitió «discrepancias de interpretación» con Ana Blanco, pero subrayó que ésta «nunca las puso por escrito». «Yo lo que dije, lo firmé», sentenció.

EL SUBSUELO ES PÚBLICO

Frente a esta versión, la recién nombrada jefa del servicio de licencias del Ayuntamiento ourensano, Begoña Carvajales, testificó que en sus informes siempre defendió que ese suelo era «público», aunque admitió finalmente, a preguntas de la letrada de Áurea Soto, que la anulación del planeamiento causaba la entrada en vigor del de 1986.

Asimismo, en su turno para comparecer como testigo, Ana Blanco recalcó que el subsuelo de la plaza es «público», tal y como ratificó –ha dicho– el Tribunal Supremo en 2006.

«En la asesoría jurídica todos decíamos que era público (…), es que no es interpretable», incidió, para responder a la abogada de Soto que «no se discute» el aparcamiento, sino «quién lo aprovecha», si el ayuntamiento o una empresa.

Con todo, puntualizó que, como letrada, no tiene por qué hacer constar su visión en un informe –salvo que expresamente se le requiera– y que le basta con advertir verbalmente. «Y Áurea conocía mi opinión», enfatizó.

En cuanto a su papel en la defensa de la petición de inejecución, indicó que se limitó a «cumplir la orden» que había recibido sin analizar las licencias, y que fue más tarde cuando supo que la de apertura del párking se había concedido «sin informe técnico ni jurídico».

INDEMNIZACIÓN

Otro asunto en cuestión es el pago por parte del Ayuntamiento de Ourense de poco más de 358.000 euros de indemnización a la propietaria de un edificio en la zona como afectada por la pérdida de luz en la trasera de su inmueble.

Al respecto, la fiscala sostuvo que el objetivo de esta cuantía era lograr que la mujer se retirase de los distintos procedimientos judiciales que tenía con el ayuntamiento, a lo que Áurea Soto indicó que desconocía los pormenores porque lo había redactado la asesora jurídica. «Y yo confiaba en ella», apostilló.

Sobre el importe, reveló la existencia de dos cuantías, una de 125.000 euros y la que finalmente se concedió, para intentar saber por qué los representantes municipales se decantaron por la más elevada. La exconcejala aseguró que los cálculos se había hecho a instancias del arquitecto municipal, que comparecerá ante el juzgado como testigo el miércoles.

Finalmente, tras más de una hora y media declarando, alegó ante su abogada, Elena Díaz, que la propuesta de indemnización no recibió «ningún reparo», ni por la junta de gobierno local ni por los letrados del ayuntamiento.

MÁS DE 15 AÑOS DE PLEITOS

Por su parte, la vecina que recibió la compensación por los perjuicios que le causó la inejecución de la sentencia explicó que aceptó tras muchos años de pleitos con el ayuntamiento.

Aseguró que no conocía a la concejala socialista y que ni siquiera había leído en detalle todo el acuerdo, pues lo único que le interesaba era la cuantía económica tras más de 15 años en juicios por molestias que le llevaron a tener que ausentarse «temporalmente» de su casa.

Al hilo de este asunto, Ana Blanco aseguró que había sido la socialista quien había decidido «cuánto había que pagar» y no ella. «Sin la orden de la concejala no se habría aprobado», insistió, antes de indicar que Aurora Blanco tenía «derecho a ser indemnizada» y objetar que no sabría cómo conformar la cuantía.

10 AÑOS DE INHABILITACIÓN

La exconcejala se enfrenta a diez años de inhabilitación para cargo público, acusada de un delito de prevaricación urbanística por la legalización del aparcamiento, al igual que Carlos Hernández, por «dar cobertura formal» a esa decisión.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Democracia Ourensana en 2011, que ya se retiró del caso, y actualmente la acusación la ejercen Fiscalía y la hija de un empresario local.

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