El recurso de inconstitucionalidad quedó resuelto en horas

El Consejo de Ministros extraordinario aprobó el recurso de inconstitucionalidad al que se dió traslado inmediato al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la resolución independentista aprobada en el Parlamento catalán el pasado 9 de noviembre.

El recurso contaba con el aval del Consejo de Estado, que aprobó por unanimidad un informe favorable a la intención del Gobierno de recurrir ante el Constitucional. El órgano consultivo considera que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para la impugnación, y apunta que el hecho de que la resolución anuncie la intención del Parlament de no supeditarse a las decisiones del Constitucional es una muestra de la «voluntad de desobediencia o desacato» a la Constitución, y supone una «declarada insumisión» a las instituciones del Estado».

El Consejo de Estado estima que la resolución contraviene los principios constitucionales de la soberanía nacional y de unidad de la nación española, y señala que la impugnación debe dirigirse contra la resolución «en su conjunto», tal y como ha propuesto el Gobierno, y no contra puntos concretos ya que «todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios».

El Gobierno apunta en su recurso que su intención no es sólo la suspensión de la resolución, por lo que pedirá al tribunal que advierta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al secretario, Pere Sol, y a toda la Mesa de la Cámara, así como al presidente catalán en funciones, Artur Mas, y a su Gobierno, de la posibilidad de ser suspendidos de sus funciones o acusados de desobediencia en caso de incumplimiento.

COMPARECENCIA ANTE LOS MEDIOS

Rajoy compareció ante los medios tras reunirse con sus ministros y deseó que la presentación del recurso para solicitar la «inmediata suspensión» de la resolución independentista fuera «el último paso que dar» porque «hubiera una rectificación por parte de las personas que han generado este problema». Según el presidente del Gobierno, los soberanistas intentan «acabar con la democracia y el Estado de derecho», «someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos» y «quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos» con acciones que «ponen en riesgo» el respeto a la soberanía popular, además de «vulnerar la Constitución e incumplir su propio Estatuto de Autonomía». Acusó a los promotores de la declaración independentista de haberse «arrogado un poder constituyente que no les corresponde» y de querer atribuirse la soberanía nacional, «algo que no se puede dividir ni fragmentar». «Aquí se está quebrando todo», lamentó Rajoy, y afirmó: «No lo voy a permitir».

«Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos», enfatizó el presidente, pero «muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes». «No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un Parlamento; se trata de la defensa de todo un país», subrayó. «Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier Gobierno pierden su legitimación, y no deberían olvidar que, cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia», insistió.

Rajoy explicó que el Gobierno tiene todos los escenarios previstos y todas las medidas estudiadas para actuar con «firmeza y proporcionalidad» ante cada paso secesionista.

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