Agentes de Aduanas registran el Ayuntamiento de Pontevedra en busca de documentos de Aquagest

Concello Pontevedra

Agentes de Aduanas registran este miércoles el Ayuntamiento de Pontevedra, donde han requerido a los funcionarios municipales de los servicios de Intervención y de Contratación expedientes, contratos y facturas relacionados con la empresa Aquagest, actualmente denominada Viaqua, concesionaria del servicio municipal de aguas.

La firma Aquagest es investigada en el marco de la Operación Pokémon, que instruye la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

Vigilancia Aduanera actúa como Policía Judicial en esta operación que estalló en septiembre de 2012 y que supera el centenar de implicados en una instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

Pero Aquagest también se vio salpicada por otra investigación judicial sobre corrupción, la Patos, puesto que el juzgado de instrucción número 7 de Vigo también indaga los contratos que obtuvo en el Ayuntamiento de Ponteareas.

GRUPO AGBAR

Los miembros de Aduanas llegaron al Consistorio pontevedrés sobre las 10,00 horas por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara, y su presencia se produce en el marco de una investigación perteneciente a una pieza judicial separada abierta en el año 2014 de una causa previa, ya de 2011.

Fuentes municipales han confirmado que la orden judicial reclama todos los contratos y prórrogas, en caso de existir, que haya firmado el Ayuntamiento de Pontevedra con el Grupo Agbar (Aguas de Barcelona) desde el año 2008, así como la facturación con empresas del grupo desde el año 2009 y también la del Consistorio con la empresa de transporte de viajeros Viuda de Cándido desde ese mismo año 2009.

En el caso de Aguas de Barcelona, grupo al que pertenece Aquagest, desde el Ayuntamiento de Pontevedra aseguran que tan solo existen contratos con Aquagest y que se trata de uno único, vigente desde el año 1997 y hasta 2017.

Las mismas fuentes del Consistorio aseguran que los funcionarios de Aduanas no realizan un registro, sino que se trata de una solicitud de documentación y tienen orden judicial de no abandonar el Ayuntamiento de Pontevedra hasta que le sean entregados todos los documentos reclamados.

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