Forcadell aparece como primera responsable jurídica del intento de secesión

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que «sin ningún género de dudas» la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, será la primera responsable jurídica y política de posibles incumplimientos de las resoluciones judiciales sobre la declaración independentista que será aprobada el próximo lunes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que el Tribunal Constitucional advirtió al admitir a trámite los recursos de amparo de Ciudadanos, PSC y PPC contra la celebración de ese pleno de que el Parlament debe velar por el cumplimiento de la Constitución durante el debate, por lo que su presidenta es la primera concernida por esa advertencia.

Sáenz de Santamaría recalcó que Forcadell es la presidenta del Parlament, representa a «la totalidad» de la Cámara y ha dejado «de amparar en sus derechos a la mitad» de los parlamentarios.

EL PAÍS informa que el cambio que introdujo el Gobierno en la ley del Tribunal Constitucional para establecer un procedimiento por el que un alto cargo reciba la notificación de la suspensión por parte del tribunal de una decisión recurrida afecta en este caso a Forcadell, que será la destinataria de la notificación y asumirá la responsabilidad, que, añade el diario, puede acabar en que sea apartada de su cargo por el propio Constitucional.

EL RECURSO SERÁ INMEDIATO

 

La vicepresidenta explicó que si el Parlament aprueba el 9 de noviembre el texto planteado por Junts pel Sí y la CUP, el Gobierno «inmediatamente, ese mismo lunes, iniciará los trámites para el recurso» ante el Tribunal Constitucional, poniendo en marcha «toda la maquinaria». Agregó que pedirán con urgencia un informe del Consejo de Estado que es preceptivo y en cuanto lo obtengan se «convocará de manera urgente el Consejo de Ministros» para dar luz verde a la interposición del recurso, en el que pedirán la suspensión de la declaración independentista. «La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta», enfatizó

Sáenz de Santamaría aclaró que si el Constitucional admite el recurso del Gobierno, se acordará la suspensión y, a partir de ese momento, ninguna institución puede realizar «ninguna actuación contraria a esa suspensión». A continuación añadió que de llevarse a cabo actuaciones, «según la naturaleza de las mismas», el Gobierno adoptará los pasos que estime oportunos «siempre con proporcionalidad y con prudencia», porque hay «varias posibilidades» y «dependerá de cómo y cuándo se produzca».

La portavoz del Ejecutivo recordó que una vez que haya auto de suspensión, «nadie puede ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración». En este punto, precisó que si se estima el recurso del Gobierno y ese texto se declara nulo, «es como si no hubiera existido», por lo que «no puede desplegar ninguno de sus efectos».

Sáenz de Santamaría afirmó que el Estado de derecho en España funciona y tiene mecanismos para frenar el desafío soberanista, y que el Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que «se vele por el cumplimiento de la ley, de la unidad de España, la soberanía de todos los españoles, la igualdad de todos los españoles y de la legalidad». Además, recordó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente arropado por un conjunto de fuerzas políticas y agentes sociales que, tras la ronda de contactos QUE han tenido lugar en el Palacio de la Moncloa, «apoyan la estrategia de cumplimiento de la ley y respeto a la legalidad».

Todos los diarios resaltan que el Gobierno señala a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como la primera responsable de que se ignore el previsible fallo en contra de la resolución secesionista. EL PAÍS dice que «el Gobierno señala a Forcadell por la declaración secesionista». En este mismo sentido, LA VANGUARDIA destaca que «el Gobierno señala a Forcadell como primera responsable ante el TC», y LA RAZÓN titula: «Forcadell será la responsable jurídica del Pleno de la secesión». Por su parte, EL MUNDO señala que «el Gobierno y el TC ponen el foco en Forcadell».

Mientras, ABC informa que la Abogacía del Estado tiene listo un recurso que califica la resolución separatista que debatirá el Parlament el próximo lunes como un «desafío abierto» a la Constitución y la antesala de un «régimen totalitario» en Cataluña. Por su parte, LA RAZÓN apunta Rajoy negocia con Ciudadanos y PSC «una postura común para la votación del 9-N».

La portavoz de CDC, Marta Pascal, reprochó ayer al Gobierno su «poca sensibilidad democrática», y lamentó que «una vez más» donde, en su opinión, «Cataluña pone democracia, votos y voluntad popular, el Gobierno responde con los tribunales».

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