¿Hay salida para Cataluña?

Una parte de los catalanes quiere separarse de España o encontrar al menos un acomodo distinto, lo cual no es nada nuevo, ya que esa parte de la ciudadanía de Cataluña lleva mucho tiempo expresándolo. Lo que sí es nuevo es que ahora parece haber encontrado un cauce institucional al margen de la legalidad del Estado.
El Parlamento de Cataluña no es menos legítimo que las dos cámaras -Congreso y Senado- que representan a España, incluida por tanto Cataluña, pero en este caso hay algo que desequilibra esta balanza de legitimidades: la mayoría independentista del Parlamento catalán pretende situarse fuera de la legalidad española y catalana, si bien esta última pretende construirla desde cero con criterios democráticos.

Ahora bien, ¿es un peliagudo debate legal lo que está planteado o es más bien un grave problema político? Todo parece indicar que se trata de lo segundo. Y si es así, sólo la política podrá dar respuesta al problema de fondo: al menos unos dos millones de catalanes no están cómodos en España y quieren irse.

Por mucho que se dramatice la situación -y tal vez no falten razones para ello, visto el problema desde ambos lados, y no solo desde uno-, tampoco estamos ante el peor conflicto de la humanidad. En buena lógica, un país europeo y democrático como España debería saber resolverlo, incluso sin ayuda externa; léase de la Unión Europea. Situaciones no iguales pero sí similares se han planteado en otros países y se han resuelto mediante la política. A menudo con valentía y con inteligencia.

La tardía reacción del presidente del Gobierno al solicitar ayuda a otras fuerzas políticas para afrontar la situación tiene en ese sentido algo de positivo: debería generar un nuevo consenso político y probablemente constitucional, sin que nadie se apodere de la solución final. Esta crisis constitucional puede decirse que la desataron los dirigentes independentistas de Cataluña, pero aunque así fuera -ellos seguramente opinan otra cosa-, ahora lo que se impone es un acuerdo sobre un nuevo consenso constitucional, no una imposición. Si el objetivo es recuperar el aprecio de toda Cataluña a la Constitución y la construcción de una nueva legalidad pactada sólo hace falta saber quiénes van a liderar ese proceso. En buena lógica, antes de las elecciones generales podrá evitarse un choque de trenes, pero no colocar las nuevas vías y las nuevas máquinas.

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