Concertados

Nadie educa igual a sus hijos. Es el lema de la campaña que patronales y Apas representantes de la práctica totalidad del sector educativo privado concertado han lanzado para defender la elección libre de escuela frente al modelo único de educación. Entienden que la educación concertada es un modelo cada día más demandado por la sociedad española, que ha demostrado eficacia y rentabilidad, que favorece la diversidad y que, en definitiva, beneficia a todos.

En la actualidad uno de cada cuatro alumnos estudia en centros concertados, que son elegidos por más de dos millones de familias. Y si echamos una mirada a los treintena de años que lleva instaurada esta modalidad en nuestro país, podría hablarse de los más de diez millones de familias que de ella se han beneficiado.

Con el lanzamiento de la plataforma Concertados se quiere resaltar la idea de que educar es una decisión personal de cada familia y que, en consecuencia, esta elección libre ha de proyectarse en la elección del centro educativo. Pretender que la educación pública sea la única opción, rompe los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Por ello –argumentan- los conciertos educativos suponen respetar la libertad de los padres para elegir en igualdad de condiciones, eliminando la discriminación económica que hoy día supone ejercer esa libertad.

Las instituciones promotoras señalan también que la educación concertada supone un ahorro económico al Estado de 6.000 millones de euros anuales. Baste recordar que un alumno de la concertada cuesta a la Administración en torno a la mitad que un alumno de la pública.

Sobre los conciertos penden, no obstante, varias inquietudes. Por una parte, el hecho de que su renovación sigue dependiendo de la discrecionalidad del consejero de turno. Por otra, su insuficiencia económica. Las partidas, por ejemplo, destinadas a gastos de funcionamiento y mantenimiento de los centros no llegan a cubrir en los mejores casos el 60% de los costes. Durante la crisis, la concertada ha padecido los mismos recortes que la pública, pero, partiendo de peores condiciones: de una financiación deficitaria crónica, menos profesores, menores salarios y mayor jornada laboral.

Eso de que la LOMCE ha favorecido a la enseñanza concertada en detrimento de la pública no deja de ser una leyenda urbana; uno más de esos mitos que cuesta desmontar. La realidad, sin embargo, es que aquélla se mantiene en una situación de subsidiariedad discriminatoria frente a la pública. Y esto es, a juicio de muchos, lo más peligroso: que no es considerada como una opción de libertad.
Porque, en definitiva, de eso se trata: de una fórmula eficiente con una demanda real y elevada, que aporta ahorro, calidad, pluralidad y equidad al sistema educativo y que, por tanto, debe ser impulsada en una sociedad democrática.

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