Jueces catalanes rebeldes y Código Penal

Ha trascendido que Santiago Vidal, juez de la Audiencia de Barcelona, suspendido durante tres años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña, ha iniciado los trabajos para reclutar los primeros 250 jueces que empezarían a ejercer en Cataluña si se consuma la independencia. El Consejo General del Poder Judicial suspendió a Vidal a finales del pasado febrero, pero fue inmediatamente contratado como personal eventual por el Departamento de Justicia para dirigir la redacción del Libro Blanco de la Justicia en Cataluña.

Llama la atención que un juez, que conoce la ley, participe, no ya en las ideas del independentismo, sino en la forma de pretender separar a Cataluña de España al margen de la Constitución que juró o prometió acatar. Pero sorprende más que esté dispuesto a incurrir y promover que otros incurran, si abandonan sus funciones como jueces españoles, en lo previsto en Capítulo II del Código Penal: Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos.

Los artículos 407 a 409 nueve sancionan con diversas penas el abandono de destino por parte de una autoridad o funcionario público, cuando impide la persecución de los delitos que conozcan, y pueden llegar a la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si un juez abandona el aparato judicial del Estado al que sirve para pasarse a otro, ¿en qué incurre?

El magistrado Vidal está cumpliendo el encargo del consejero de Justicia, Germà Gordó, para que calcule el número de los jueces, fiscales y secretarios que abandonarían sus funciones para pasarse a la estructura del nuevo Estado. Y se estima que, de entrada, serían 250 jueces, 170 fiscales y 200 secretarios judiciales. Todos ellos funcionarios de carrera del Ministerio de Justicia.

Este conjunto de funcionarios constituyen uno de los ejes vertebradores del pretendido nuevo Estado. ¿Qué pasaría con las causas en marcha de las que tienen conocimiento? Es de locos. ¿Seguirán en manos de los jueces naturales, serán los procesos transferidos de la soberanía de un Estado a otro? De momento, la campaña de captación ha comenzado entre los propios jueces y abogados conocidos para crear esa estructura. Según el diario “El País”, “las vacantes se cubrirían con un simple concurso de méritos y una entrevista personal”.

No deja de ser una curiosa paradoja que la Escuela Judicial en la que se forman los jueces de toda España está en Barcelona y es el único organismo superior del Estado que no está ubicado en Madrid y por el que pasan, tras la oposición, para formarse en el oficio los jueces de toda España.

Los jueces catalanes que se pasen al nuevo pretendido estado dentro de la secesión pretendida saben que incurrirán en un delito, según el vigente ´Código Penal”, pero parece que da lo mismo. Santiago Vidal ha asegurado que hay jueces del Tribunal Constitucional que el año 2010 dictaron la sentencia contra el Estatuto catalán que “se arrepienten por sus consecuencias”. Y que no se hubiera llegado a esta situación de dejar el Estatuto como estaba (después de aquel “Manden lo que sea, que Madrid lo aprobará”, de Zapatero). Estas afirmaciones fueron vertidas durante la presentación de un libro en el que se explica cómo fue elaborado el proyecto de Constitución catalana. De momento, a este juez que redacta constituciones no parece que le importe mucho cumplir la que prometió o juró.

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