Veinte familias de Bueu desalojadas de un edificio que será derribado

Edificio Pintos Bueu próxima demolición

Una veintena de familias de Bueu (Pontevedra) han recibido una notificación de desalojo forzoso para el próximo 2 de noviembre, cuando se derribará el edificio en el que habitan para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo declara ilegal y condena al ayuntamiento a reponer la legalidad.

Como ha explicado una de las familias que vive en este inmueble, el Edificio Pintos tiene sentencia firme de derribo –por la que se anula la licencia municipal concedida– desde 1991, si bien los propietarios y posteriores compradores no fueron informados de la situación hasta dos años más tarde.

Tras años de intentos de paralizar la demolición de sus casas, este fin de semana han recibido la notificación de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado garantizarán que se lleve a cabo el derribo y, además, de que ellos deberán asumir los costes de esta operación.

«¡Es una indefensión total!», ha lamentado José María Alén, para quien el fallo judicial debe ser acatado pero no «a costa» de los vecinos. «Es que no sólo no se nos indemniza, sino que tenemos que hacernos cargo de la demolición», ha enfatizado, sin dejar de resaltar que los propietarios no son «culpables» de la situación.

De hecho, ha remarcado que los propietarios no han sido ni juzgados ni condenados, pues ellos tienen sus impuestos y obligaciones al día. Así es que se pregunta por qué el Ayuntamiento de Bueu no emula a otros municipios que, en situaciones similares, se hacen cargo del derribo e indemnizan a los vecinos que pierden sus pisos.

INDEMNIZACIÓN

En este escenario, la única esperanza que mantienen se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma entrará en vigor el próximo mes de octubre, pues fija que los propietarios de viviendas con sentencias de derribo tendrán que ser indemnizados antes de que se produzca la demolición de sus casas.

Por el momento, José María Alén ha avanzado que los vecinos irán decidiendo acciones periódicas para seguir solicitando al alcalde, el nacionalista Félix Juncal, que tenga en cuenta que, al igual que los afectados por las preferentes –a los que sí apoyó desde el consistorio–, también ellos han sido «estafados».

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