Una reforma necesaria

No parecen darse por aludidos. Pero a la vista de los tres relevantes pronunciamientos que contra sus pretensiones se han alzado, habrá que concluir que el martes pasado no fue precisamente un buen día para el independentismo catalán.

Primero fue Angela Merkel quien les advirtió de que una eventual declaración unilateral de independencia chocaría frontalmente con los tratados europeos que garantizan la integridad territorial de los Estados y que ello dejaría a Cataluña fuera de la UE y del euro. Vino después el aviso –aunque tardío- de la patronal Fomento del Trabajo sobre los efectos que los resultados electorales del día 27 podrían tener sobre la actividad empresarial y la reactivación económica de la comunidad. Y finalmente llegó la iniciativa parlamentaria del Gobierno para desarrollar las potestades sancionadoras del Tribunal Constitucional en caso de incumplimiento de sus sentencias.

Como era de esperar, la reforma en ciernes ha levantado una enorme polvareda política en la izquierda y el nacionalismo, de cuyo cerrado apoyo se ha desmarcado –en esta ocasión y por una vez- buena parte del sistema mediático. Tampoco en sus observaciones los expertos constitucionalistas han constituido un bloque monolítico al respecto. Ha habido opiniones para todos los gustos.

Las críticas se han centrado en las formas más que en el fondo: en el momento preelectoralísimo en que se ha producido la propuesta; en el procedimiento legislativo elegido: a través de una proposición de ley; en la actuación del Gobierno sin haber intentado consenso previo con otros partidos, y en la puesta en escena, con la presencia del cabeza de lista del PP en las citadas elecciones, que no es, por cierto, miembro del Congreso.

Este atípico entorno ha ensombrecido el contenido de la reforma. De una reforma que en no pocos ámbitos ha sido considerada, sin embargo, no sólo necesaria, sino que incluso tenía que haberse llevado a cabo mucho antes. Expertos constitucionalistas han subrayado que si nuestra ley fundamental manda a todas las autoridades cumplir las resoluciones judiciales y si forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva el que las sentencias se cumplan, de tal esquema no puede quedar excluido el Tribunal Constitucional.

El Gobierno –creo- salió muy escarmentado de la actuación de la Justicia ordinaria con ocasión del referéndum ilegal del pasado 9 de noviembre en Cataluña –los contenciosos andan todavía hoy por ahí coleando- y ha optado por facultar a mayores a la Justicia constitucional para actuar o proponer actuaciones en casos de incumplimiento de sus sentencias. Lo que no cabe –parece claro- es que queden impunes situaciones de rebeldía y de grave y manifiesta ilegalidad como las que vienen protagonizando Artur Mas y sus socios.

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