La Guardia Civil registra sedes de Convergencia por indicios de financiación ilegal

Agentes de la Guardia Civil registraron la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), su fundación Catdem, así como los ayuntamientos de Sant Celoni y Sant Cugat, en Barcelona, y de Figueras y Lloret de Mar, en Girona, en el marco de la investigación sobre el supuesto pago de comisiones ilegales del 3% de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, a la formación nacionalista.

Los registros, practicados por orden del titular del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), se engloban en la segunda fase de la llamada operación Petrum, que se inició hace más de un año contra Daniel Massagué, alcalde convergente de Torredembarra (Tarragona), acusado de haber recibido 1,43 millones de euros de siete empresas controladas por la familia Sumarroca a cambio de contratos de obras públicas.

En el curso de esa investigación, el pasado 23 de julio fue detenido, entre otros, el exconsejero delegado de Teyco Jordi Sumarroca. En el registro de su domicilio, los investigadores encontraron en la caja fuerte una serie de apuntes manuscritos que, según reflejan los diarios, vinculan contratos públicos con aportaciones a la fundación de CDC por unos importes que coinciden con el 3% del total de las obras. La mayoría de los pagos son de 2009, aunque también los hay de años posteriores. Según publica EL PAÍS, en algunos casos a renglón seguido aparecen cantidades pagadas a CatDem, la última de 50.000 euros, en marzo de 2014.

En un comunicado remitido a los medios, la constructora Teyco negó «tajantemente» que sus donaciones a Catdem o a fundaciones vinculadas a otros partidos políticos «hayan tenido un fin ilícito relacionado con el tráfico de influencias» y subrayó que ha efectuado aportaciones a organizaciones de diverso signo.

CDC ARGUMENTA SER VICTIMA

 

El coordinador general de CDC, Josep Rull, denunció que los registros suponen un «espectáculo mediático» y acusó a la Fiscalía de «entrar en campaña antes de hora» para «interferir» en el proceso soberanista.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, instó a Convergència a no buscar «culpables fuera de sus filas» y a preocuparse más por «lo que pasa dentro de ellas». Sáenz de Santamaría recordó que las «actuaciones judiciales no entienden de fechas ni de formaciones políticas», y advirtió a CDC que en este caso no les va a servir el «victimismo» ni lo de que «la mejor defensa es un buen ataque».

Desde Junts pel Sí, el cabeza de lista, Raül Romeva, pidió «transparencia» para aclarar los hechos, teniendo en cuenta que se trata de una investigación que «viene de lejos». Mientras, el candidato de UDC, Ramon Espadaler, pidió respeto a la presunción de inocencia de sus antiguos socios pero, al mismo tiempo, a la investigación judicial.

Desde el PP, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, pidió a Mas que explique si puede «todavía mirar a los ojos de sus ciudadanos sin reconocer que quien robaba a Cataluña eran los gobiernos nacionalistas de Convergència». El candidato del PPC, Xavier García Albiol, exigió ayer que Artur Mas dé explicaciones en la Diputación Permanente del Parlament y que de no hacerlo solicitará su comparecencia, algo para lo que pidió el apoyo del PSC y de Ciudadanos.

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, apuntó, en relación con los registros de la sede de CDC y de su fundación, que siempre ha pensado que «detrás de toda la trama corrupta liderada por Pujol seguramente había un conocimiento de Artur Mas». En cualquier caso, añadió que «no parece muy adecuado» que Mas pueda «erigirse en luchador contra la corrupción», tal y como aparece en el argumentario de Junts pel Sí. Por su parte, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, reclamó «explicaciones» a Mas y le advirtió de que si se demuestran irregularidades debe asumir «responsabilidades políticas» y renunciar a sus cargos.

La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, consideró que la «deriva independentista» del presidente catalán tiene por objetivo que «no se hable» de los presuntos casos de corrupción que afectan a los soberanistas.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, lamentó que mientras Mas habla de «soberanía», en realidad mandan «las constructoras de sus amigos». «Soberanía y corrupción son incompatibles», sentenció Iglesias en su cuenta de Twitter.

PRIMERAS PÁGINAS

Los registros en la sede de CDC y su fundación aparecen destacados en las primeras de todos los diarios, que en algunos casos relacionan con la campaña electoral del 27-S. «El juez halla pruebas del pago de comisiones del 3% a Convergència», titula EL PAÍS en su portada. En páginas interiores, este diario señala que «la corrupción noquea a CDC en plena carrera hacia el 27-S». EL PERIÓDICO informa que «la justicia registra CDC en busca del 3%». ABC resalta que «destapan una trama de financiación de Convergència a través de sus alcaldes». EL MUNDO considera que «la investigación a CDC golpea la campaña soberanista de Mas», mientras que LA VANGUARDIA dice que «el registro en la sede de CDC crispa la campaña». Para LA RAZÓN «la investigación desbarata la campaña del 27-S», y titula en su primera: «Juntos por el3%

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