El proyecto presupuestario del Gobierno supera su primera votación

 Xeral pleno Congreso Deputados

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 ha superado su primera votación en Pleno y continúa su tramitación parlamentaria en Comisión. El dictamen que ésta elabore tras debatir y votar las enmiendas al articulado se verá en sesión plenaria los días 14 a 16 de septiembre, antes de pasar al Senado.

El Pleno, que ha celebrado los días 25 y 26 el debate de totalidad, ha rechazado, con 151 votos a favor, 185 en contra y 1 abstención,  las enmiendas de devolución presentadas por los grupos Socialista, de la Izquierda Plural, de CidU, UPyD, PNV y, dentro del Mixto, Amaiur, ERC, Coalición Canaria, BNG, Compromís, FA, y Geroa-Bai.

El Pleno comenzó a las 12:00 horas con la intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para defender el proyecto entregado en el Congreso el pasado 4 de agosto, y que han sido desglosados en Comisión por parte de  altos cargos con rango inferior a ministro, que comparecieron los días 18, 19 y 20 de agosto.

El Gobierno explica que este proyecto ha sido confeccionado «bajo de impulso del crecimiento de la economía española y de la creación de empleo. «El cumplimiento de estas cuentas permitirá mantener el compromiso con el gasto social, que supone el 53,5 por 100, con un aumento de, 3,8 por 100».

Los Presupuestos Generales del Estado, añade, «parten del adelanto de la reforma tributaria que debía entrar en vigor en enero de 2016, conllevan un importante incremento de los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, que servirán para mejorar las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. De esta forma, la financiación de las Administraciones territoriales se incrementará en 2016 en 8.000 millones de euros (un 7,8 por 100) respecto al año anterior».

Ingresos y gastos

El total de ingresos no financieros para 2016 después de la cesión a los Entes Territoriales alcanzará los 134.773 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,8 por 100 respecto a los Presupuestos de 2015. Los ingresos tributarios antes de la cesión a los Entes Territoriales supondrán en 2016 193.520 millones de euros, un 4 por 100 más que en el Presupuesto de 2015. Por figuras impositivas, la recaudación por IRPF llegará a los 75.432 millones, con un incremento del 3,4 por 100.

La recaudación por el Impuesto de Sociedades registrará un incremento del 5,5 por 100, hasta los 24.868 millones de euros. Los ingresos por IVA crecerán, por su parte, el 4 por 100 hasta los 62.663 millones, mientras que los ingresos por Impuestos Especiales suben el 0,8 por 100 hasta los 20.053 millones de euros.

Por lo que respecta a los gastos, «el impacto favorable del crecimiento y el efecto en la recaudación hacen que el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social. La reducción del gasto en desempleo y de la carga financiera de la deuda pública va a permitir incrementar el gasto social, que aumenta un 3,8 por 100.

El Ejecutivo destaca que «se trata de unos Presupuestos en los que se incrementarán partidas fundamentales, como las destinadas a la investigación civil, la financiación de la LOMCE, la cooperación internacional, el fomento del empleo, la mejora de las ayudas a familias y el sistema de dependencia, así como el Plan especial de reubicación de refugiados».

El proyecto de Presupuestos supone actualizar las retribuciones de los empleados públicos al 1 por 100, después de la rebaja de 2010 y de los años de congelación salarial, y se les restituirá el 50 por 100 de la paga extra que no cobraron en el año 2012. De igual manera, se recupera el sexto día por asuntos particulares, y hasta otros tres días en función de la antigüedad. Por otro lado, se establece una tasa de reposición del 100 por 100 para sectores prioritarios y del 50 por 100 para el resto.

El Ejecutivo destaca que los Presupuestos también dan continuidad a las inversiones del Plan CRECE, y recogen la exigencia de emisión de informes tendentes a asegurar que las actuaciones de apoyo a Pymes, a empresas de base tecnológica y a jóvenes emprendedores se configuran de forma que resulten compatibles con la financiación concedida por la Unión europea para este tipo de actuaciones con el fin de maximizar la capacidad de absorción de fondos comunitarios de las políticas emprendidas.

Enmiendas de totalidad

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió en Pleno la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, que pide la devolución de los Presupuestos del Gobierno por considerarlos «irreales; ideológicamente conservadores, en la medida que el Gobierno incrementa la desigualdad con su política presupuestaria; no contribuyen a la recuperación de la economía española, en gran parte, porque son procíclicos; y no apuestan por las fuentes permanentes del crecimiento económico».

Para el Grupo Socialista, presentar ahora el proyecto rompe «el ciclo parlamentario y democrático que se ha respetado desde 1978». En cuanto a su contenido, opina que «los recortes en el Estado del Bienestar no son producto de la necesidad de reducir el déficit, son consecuencia de la opción ideológica del PP, orientada a la consecución de un Estado de Bienestar mínimo sin capacidad real de redistribuir y mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos».

El gasto social, «se reduce en casi 5 puntos. Justamente, cuando la economía crece, el gasto social se estanca en términos nominales, solo crece un 0,4%, y se reduce en términos reales en un 0,7%, perdiendo peso en los Presupuestos. El peso del gasto social en el conjunto del presupuesto consolidado representó el 58% en 2011, se reduce al 54% en 2015 y se sitúa en el 53,5% en 2016». Para situarse en el 58%, añade, debería ser mayor en 10.000 millones.

Por último, el Grupo Socialista califica de «verdadera insensibilidad social que el Gobierno regale a las rentas y a los patrimonios más altos, el año que viene, 5.200 millones de euros y que tenga que recortar una cantidad similar en prestaciones por desempleo», y denuncia que el proyecto «ignora la necesidad de un nuevo modelo productivo».

En defensa de la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario de CidU intervinieron Pere Macías y Josep Sánchez Llibre. Los argumentos de CDC contra el proyecto del Gobierno se basan en que «tienen un enfoque profundamente antisocial», son «miopes respecto al impulso y cambio de modelo productivo que necesita la economía para salir de la crisis», siguen «obsesionados en la centralización como primera y casi única prioridad del gobierno popular en esta legislatura» y «dan la espalda a Catalunya y a los intereses sociales y económicos de sus ciudadanos».

Para UDC, las cuentas del Gobierno «no establecen las bases que sirvan para reactivar el empleo y la economía», contribuyen al «deterioro del Estado del bienestar sin conceder un respiro a los ciudadanos, que han sufrido a lo largo de los últimos cinco años continuos recortes en las prestaciones sociales al tiempo que se les sometía a una desproporcionada presión fiscal», no favorecen además la racionalización de la administración pública y «no solo no mejoran la situación financiera de Catalunya sino que son de nuevo extremadamente discriminatorios con ésta y mantienen el constante y enquistado trato desleal».

El grupo de la Izquierda Plural justifica su enmienda de devolución, presentada en Pleno por Alberto Garzón, Joan Coscubiela y Álvaro Sanz, en que el «profundo aunque incomprensible optimismo en la mejora de la recaudación tributaria derivada de la reactivación económica le ha permitido al Gobierno elaborar unos presupuestos en los que se busca una reducción del déficit público sin necesidad de disminuir o contener mucho las partidas de gasto, actuación motivada a su vez por la proximidad de las elecciones».

El grupo de IU, ICV-EUiA, CHA lamenta que el proyecto del Gobierno se basa en «un crecimiento frágil, producido por factores exógenos y a pesar de la austeridad», por una  creación de empleo «irrisoria y una intensificación de la precarización», y en plantear «pequeñas medidas de cara a las elecciones y sin importantes consecuencias
social». Son unos presupuestos, concluye, «que no servirán para salir de la crisis y que seguirán profundizando un modelo económico cada vez más desigual y empobrecedor».

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, defendió una enmienda de devolución que justifica en que el proyecto ofrece «Presupuestos de continuidad para una nueva e incierta legislatura», se basan en un escenario macroeconómico «erróneo que impide unos presupuestos realistas», y es continuista en las las prioridades del gasto público por los » limitados recursos para combatir el desempleo», la «precariedad de las pensiones y la ayuda a la dependencia» y, por último, la «perpetuación del despilfarro en el Gasto Público de los Entes Territoriales».

En cuanto al PNV, Pedro Azpiazu expuso los motivos para pedir la devolución de un proyecto que, por los tiempos de presentación, su grupo considera «un fraude democrático al conjunto de los ciudadanos». En su enmienda, argumenta que la información económica de base disponible a estas alturas del ejercicio para elaborar el cuadro macroeconómico y las variables presupuestarias de ingresos y gastos es aún insuficiente, y denuncia que «la única inversión de relevancia que el Estado está llevando a cabo en Euskadi, la «Y» Ferroviaria Vasca, está infradotada para cumplir con el compromiso de finalizar la obra en 2019″.

Por último, dentro del Grupo Mixto, presentaron enmienda de devolución Amaiur, ERC, Coalición Canaria, BNG, Compromís, FA, y Geroa-Bai, que coincidieron en tildar el proyecto del Gobierno de electoralista, poco social y basado en un modelo de desequilibrio territorial.

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