Reforma constitucional a la vista

El ex presidente Zapatero fue, en 2004, el primer abanderado de la reforma constitucional, si bien su iniciativa -ambiciosa en su origen- derivó años después en un imprevisto, forzado a fijar la llamada «estabilidad presupuestaria» por mandato constitucional, algo en lo que tuvo el apoyo -más bien el abrazo del oso- del entonces jefe de la Oposición, Mariano Rajoy. Traducido: ambos acataron un mandato europeo para garantizar a los mercados el pago de la deuda pública española. Pero lo cierto es que Zapatero había propuesto una reforma constitucional en su día sugerente, que incluía al menos estos cuatro aspectos que siguen aparcados: la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y la mención al Tratado Europeo.

Once años después, es evidente que el escenario ha cambiado, debido al ímpetu del soberanismo catalán y las consecuencias de la severa crisis económica, política y social de España. Lo que está en juego ahora es que los grandes partidos -tradicionales y emergentes- estén a favor de cambiar la Constitución para ir a un Estado federal, donde puedan encajarse las ambiciones de Cataluña, entre otras muchas cosas.

El cambio de postura del PP, que ahora acepta abrir las conversaciones sobre la reforma de la Constitución, aunque sus puntos de partida nada tienen que ver con los del PSOE y menos aún con los de otras fuerzas de izquierdas y nacionalistas, resulta decisivo, ya que sin su concurso parece improbable alcanzar el consenso necesario. Todo parece indicar que llevará su tiempo, ya que lo que para unos debe ser una reforma para otros parece ser una oportunidad para la contrarreforma. Si algo les une a todos es la insuficiencia de la estructura territorial del Estado.

Las bases de una España genuinamente federal podrían ser, como indican algunas propuestas, el reconocimiento de las identidades diversas que componen el país, el establecimiento de una cámara territorial con atribuciones legislativas exclusivas, una clara distribución de las competencias entre Estado y comunidades autónomas y una financiación justa y equilibrada basada en los principios de igualdad de derechos, solidaridad y ordinalidad que evite que ninguna comunidad se empobrezca por causa de dicha solidaridad. Mucha tela por cortar.

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