La controvertida reforma de la Ley Electoral

Tengo la certeza de que somos mayoría los ciudadanos que estimamos que en España dos reformas urgentes son la de la Ley de Partidos y la legislación electoral. Los primeros, porque son plataformas de escaso control por sus propias bases y escasa democracia interna, como es bien visible, aparte de los aspectos relativos a su financiación, subvenciones y responsabilidades como cualquier otro sujeto con personalidad jurídica con respecto a las deudas que generan.
El sistema electoral vigente nace del llamado “pacto constitucional”, elemento esencial de la “Transición”, que en realidad era, a sabiendas, un modo de precipitar la formación de dos grandes mayorías, esto es, el bipartidismo entre la UCD (entonces centro-derecha) y el PSOE (centro-izquierda), a quienes habría de beneficiar el sistema D¨Hondt y el reparto de restos por encima de las posibilidades del resto de los partidos nacionales, esencialmente Alianza Popular y Partido Comunista, como consecuencia del propio reparto de actas conforme al distrito uniprovincial. Pero al mismo tiempo, se primaba la posibilidad de que determinadas formaciones nacionalistas en el País Vasco y Cataluña obtuvieran con facilidad un número significativo de diputados para formar grupo propio.
La otra gran disfunción del sistema son las listas cerradas y bloqueadas que permiten a los aparatos de su partido fabricar automáticamente diputados, al margen de cualquier otra consideración, con colocarlos en las posiciones de partida, sobre las previsiones de las actas que con toda seguridad se espera obtener.
Existen dos grandes principios básicos de representación política: el mayoritario y el proporcional, pero a su vez se pueden combinar dando lugar a una enorme tipología de sistemas electorales. Ninguno plenamente satisfactorio, pero parece llegado el tiempo de encararnos con el nuestro.

La disfunción de las listas cerradas y bloqueadas
Aparte de las listas cerradas y bloqueadas, una de las críticas más genéricas se centra en el tamaño de los distritos, y se sugiere como más democrático que éstos no se acomoden a la provincia, sino que se reduzcan a espacios menores, con una o dos actas a lo sumo en disputa, de modo que los partidos tuvieran que presentar igual número de candidatos, quienes habrían –como en el Reino Unido- de presentarse ante sus electores, cara a cara, para obtener su confianza de modo directo y personal.
En este caso, se recuerda que una cosa es la representación ideológica (los que piensan lo mismo); la legal (la cuota de votos que se ha obtenido) y la sociológica (lo que piensa y desea la mayoría). ¿Es defendible que gobierne el partido más votado o que pueda ser desplazado por una alianza electoral que sume las fuerzas de las opciones menos apoyadas?
El dilema es bien simple: o se mantiene –reformado o no- el sistema vigente en España, que forma parte de los sistemas de representación proporcional, o nos pasamos a un sistema de mayoría (con sus variantes simple (Reino Unido) y absoluta, (y segunda vuelta como en el caso Francia). El sistema de mayoría simple, se aplica en distritos uninominales, es decir, las zonas o regiones en que se divide un país para elegir a un solo representante popular, por mayoría, en cada una de ellas. El candidato que obtiene mayor número de votos gana, incluso si no alcanza la mayoría absoluta.
Abundan en Francia las segundas vueltas, tanto en la elección presidencial como en la de diputados a la Asamblea Nacional. Estos últimos se eligen mediante una fórmula combinada de mayoría absoluta-mayoría relativa y en distritos uninominales. Si ningún candidato obtiene el triunfo por mayoría absoluta, van una segunda vuelta a la que concurren todos los candidatos que hayan alcanzado al menos el 12.5% del total de los electores registrados. Gana el candidato que alcanza la mayoría simple de los sufragios emitidos.
Los defensores de los sistemas proporcionales afirman que consigue que las actas logradas correspondan proporcionalmente a la respuesta obtenida entre los electores que han de pronunciarse en bloque sobre las listas de candidatos a ejecutar el programa que presenta cada partido. Pero al establecer, como en España, determinados topes porcentuales para poder entrar en el reparto, en la práctica, mediante el sistema de restos y dicho tope, siempre habrá opciones perjudicadas o excluidas.
Los sistemas mixtos, como el alemán, combinan mecanismos de mayoría y de representación proporcional. Parten una estructura de mayoría simple en distritos uninominales, complementada por actas adicionales distribuidas de modo proporcional. Es propio de un Estado Federal, por lo que podría ser traslado a un estado de las autonomías como España.
En conclusión, los franceses presumen de que, sin ser perfecto, el sistema de segunda vuelta, permite que sean los ciudadanos, al agrupar su voto, los que forman democráticamente las nuevas mayorías, con toda la legitimidad sociológica que ello supone y que sea en las urnas y no en los despachos donde se formen esas mayorías al margen de lo que decidan finalmente los propios ciudadanos.

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