Respetar la Ley sin renunciar a cambiarla

En repetidas ocasiones he aludido en este foto a la frustración que supuso para muchos miles de españoles el precio pagado o la “trágala” impuesta a propósito de la llamada “Transición”, en la que la reforma del franquismo, a través de la Ley para la Reforma Política, que en cierto modo cerró el ciclo de las Leyes Fundamentales con las que la dictadura se articuló institucionalmente (En el colmo de la impudicia a eso se le llegó a llamar “Nuestra Constitución”), y concluyó con el asentamiento de la  monarquía, hurtando a los ciudadanos el derecho a decidir cómo queríamos articular el Estado y su jefatura. Hoy es más que nunca una demanda, especialmente arraigada entre los menos de 40 años.

Santiago Carrillo dijo que el pacto con la Corona era entonces el modo de garantizar la posibilidad de establecer un  régimen democrático. Y en virtud de ello se accedió a que se cumpliera la voluntad de Franco de entronizar a su sucesor. La oposición sacrificó su repetido proyecto de ese referéndum decisorio, que por cierto aceptaba y reclamaba en alguna de sus contradictorias fases el Conde de Barcelona. Repasen los escritos de su Calvo Sererreunidos en su libro “¿Hacia la III República?”

Y por si hubiera alguna duda, mediante un Real Decreto se impidió todo debate, bajo la amenaza de secuestro administrativo de todo escrito que cuestionara a la Corona, el papeldel Ejército o el concepto franquista de la Unidad de España, supuesto en el que incurriría la mera propuesta de un Estado federal. La Constitución de 1978 fue un combo completo: monarquía sin alternativa y estado de las autonomías, disparatada fórmula de café para todos para amortiguar el efecto visible del reconocimiento de los derechos de autogobierno reclamados por Cataluña, el País Vasco y en menor medida Galicia.

Hemos ido tirando estos años, sin que quedaran resueltos del todo, como es evidente, aspectos esenciales de cómo configurar y acomodar todas las partes del Estado y la propia legitimidad de origen de la monarquía, cuya solvencia nada confortaría más que el hecho de que fuera refrendada frente otra alternativa, la republicana, o pasara para siempre al baúl de la historia.Pero llegados a este punto, la mayoría de los españoles, sin renunciar a nuestras demandas a ideales, hemos sabido compaginar esos anhelos con el respeto a las instituciones, símbolos y Estado de Derecho, en cuanto al respeto a la Ley y a una Constitución que muchos deseamos poder modificar a través de las propias previsiones del texto fundamental.

Y ese respeto se traduce en evidenciar el que nos merecen las instituciones y las personas que ostentan la vigente legitimidad –aunque queramos cambiarla-, especialmente en lo que se refiere al jefe del Estado. Y eso no supone que no lo critiquemos como haríamos con cualquier otra institución, sin otras trabas que los límites de la educación, la cortesía y el Código Penal en lo que atañe a la injuria o la calumnia.Parece razonable que si tienen que cambiar, las cosas muden poco a poco, de manera pautada, dentro de la legalidad, mediante la reforma y la recuperación del derecho a construir entre todos el modelo de Estado y todo cuanto de ella se derive.

Modos y estilos de hacer las cosas. Viene todo esto a cuento con el rechazo que provoca en muchos ciudadanos –al margen de la propia ideología- los  modos desabridos o brutales con  que se producen alcaldes y presidentes de algunas comunidades, como si encabezaran un proceso revolucionario personal, ignorando o forzando las normas a las que deben sujetarse o procediendo con fiebre iconoclasta como acción prioritaria de su gobierno, sin que eso corresponde a demanda social alguna de sus vecinos o conciudadanos. Colocar todos los indicadores urbanos únicamente en la lengua vernácula, en de una ciudad esencialmente turística, como acabamos de ver, es una solemne tontería. Y sus efectos prácticos, nada positivos. Pero en este tipo de manos han caído instituciones del país.

Esta afán iconoclasta, ese baile de retratos, callejeros, banderas o estaciones de metro, rotulación de calles o tradiciones socio-culturales, esos gestos teatrales y, en  no pocos casos absurdos, no sirven para otra cosa que para la temporal provocación, dentro de un cierto infantilismo. Porque el Estado sigue siendo el que era, y las disposiciones de régimen local, la legislación hipotecaria, el Código de la Circulación o la Ley de Marcas, y los nuevos ediles que protagonizan esas funciones, cuando vuelven al despacho, tienen que plegarse al ordenamiento vigente, sin que importe la bandera o el retrato que gusten colocar sobre sus cabezas, o de otras serie de esperpénticas aportaciones de la que no tienen la culpa los salvadores que acaban de instalarse en muchas esferas de poder –sin que representen sociológicamente al conjunto o a sectores mayoritarios de la sociedad-, sino que envueltos en la bandera de España les han facilitado el camino, aunque ahora se arrepientan. Claro a otros los aplauden y les parece el máximo símbolo de modernidad y cambio.
Y de ejemplaridad nada de nada, ya lo hemos visto en cuanto a la colocación de parentelas más o menos todos incurren en lo mismo. Debe de ser la condición humana, o la maldición de la política.

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