El Ministerio de Agricultura finaliza la inspección de empresas relacionadas con la pesca ilegal

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado por finalizadas las inspecciones en las sedes de las empresas de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, presuntamente vinculadas a la pesca ilegal en el área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA), en el marco del operativo ‘Sparrow 2’.

Según informa en un comunicado, la valoración inicial del Ministerio sobre la operación ‘Sparrow 2’ «es muy satisfactoria», tras el trabajo desarrollado por los inspectores de pesca durante los últimos días en empresas gallegas.

Al respecto, indica que ha sido «más complejo» que la primigenia operación ‘Sparrow’, debido a «las diferentes localizaciones de las empresas inspeccionadas». «Para ello, se ha realizado un gran despliegue, que ha actuado de forma coordinada y simultánea en empresas situadas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense», explica.

Asimismo, subraya que en los próximos meses «será necesario reforzar los trabajos para analizar en detalle la ingente documentación recabada a lo largo del operativo».

Esta investigación puede derivar en nuevas actuaciones de inspección, así como en la apertura de procedimientos sancionadores en materia de pesca, ante la presunta comisión de infracciones muy graves.

Estas infracciones pueden ser sancionables con multas de hasta 600.000 euros y la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, al tiempo que servirá de apoyo para investigaciones internacionales abiertas por otros países.

PRIMERA OPERACIÓN SPARROW

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, inició un proceso sancionador a cuatro buques relacionados con empresas domiciliadas en Galicia en el marco de la primera operación ‘Sparrow’.

En concreto, les imputó 19 infracciones «muy graves» de la Ley de Pesca Marítima del Estado y abre expedientes sancionadores a 50 tripulantes por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos tiempos.

Agricultura acordó el inicio de este proceso sancionador de la primera ‘Operación Sparrow’, una vez finalizado el análisis y clasificación de los más de 3.000 documentos recompilados en la sede de varias empresas domiciliadas en Galicia, bajo autorización judicial.

De este modo, en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se imputaba la presunta explotación de cuatro buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma), así como el desarrollo de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras relacionadas con su actividad.

En detalle, se trata de los barcos ‘Kunlun’, ‘Songhua’, ‘Yongding’ y ‘Tiantai’, varios de ellos presuntamente vinculados con empresas radicadas en la provincia de A Coruña, como Vidal Armadores.

EMPRESAS PANTALLA DOMICILIADAS EN TERCEROS PAÍSES

En este contexto, Agricultura imputa en relación a la primera operación ‘Sparrow’ a varias empresas por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos.

Asimismo, imputa a varios ciudadanos españoles la presunta realización de actividades comerciales y financieras directamente relacionadas con la actividad de los citados buques ilegales, como responsables de las mencionadas sociedades pantalla.

En total, el Ministerio imputa 19 infracciones muy graves, de carácter continuado, a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.

El Reglamento comunitario de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prohíbe expresamente dichas actividades a los nacionales de los Estados miembros, por lo que la responsabilidad recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles que, presuntamente, las realizaban a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza.

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