El juez da la razón a una abogada suspendida de empleo y sueldo por CCOO


   El Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol ha dado la razón a la abogada de la asesoría jurídica de la Unión Comarcal de CC.OO. de Ferrol, María Veiga, impugnando el expediente disciplinario que el sindicato le había abierto en diciembre de 2014, en el que se le imponía la suspensión de un mes de empleo y sueldo.

El magistrado Alejandro Gracia Lafaja ha declarado nula la sanción impuesta por Comisiones Obreras y ha condenado al sindicato a indemnizar a Veiga por un importe de 6.251 euros.

La sentencia, que es firme, estipula que no había «motivo alguno» para sancionar a la abogada y que se le sancionó «por motivo de haber presentado la demanda sobre las costas» vulnerando, según el juez, «el derecho de indemnidad» o lo que es lo mismo, su derecho a presentar una reclamación sin recibir represalias.

UNA SANCIÓN EJEMPLARIZANTE

Parte de los afiliados al sindicato en Ferrolterra, la sección crítica con la gestión de la Secretaria General de la Unión Comarcal de Ferrol, Auri Vázquez, señalaron la relación de la sanción impuesta por Comisiones con la vinculación de la letrada María Veiga con este sector durante los encierros en protesta por el cese del abogado Gumersindo Cartelle el pasado otoño.

«Que un sindicato vulnere de esta manera el derecho fundamental a la indemnidad de un trabajador es uno de los actos más vergonzosos que puede realizar», exponía en rueda de prensa uno de los portavoces del sector crítico de CCOO, en pleno pasillo del edificio sindical del Ferrol, pues la dirección, dicen, les ha negado varias veces el salón de actos para llevar a cabo sus reuniones.

DESESTIMADO EL ACOSO LABORAL

El mismo Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol también hizo público su fallo en la demanda que la abogada María Veiga había interpuesto contra Comisiones Obreras de Galicia y la Secretaria General de Ferrol por acoso laboral, desestimándola y abriendo recurso de suplicación, que la demandante ya ha adelantado que presentará.

Gracia Lafaja valoró en su sentencia que en la enumeración de hechos probados «no se aprecia la intensidad necesaria» para establecer una condena.

El sector crítico, por su parte, manifestaba al respecto que «tendremos que valorar si estas conductas descritas se corresponden con las que debe adoptar un dirigente sindical y si luego de realizar tales acciones, puede seguir dirigiendo una organización como es un sindicato».

Imprimir

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar